Luego de casi cuatro décadas, un Papa volvió a pisar suelo argentino. El papa León XIV visitó nuestro país y, durante la mañana de su última jornada, decidió acercarse a quienes viven privados de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

Ante unos setenta internos, el Sumo Pontífice pronunció un mensaje centrado en la posibilidad de que la prisión también sea un espacio de transformación, de profundos cambios y conversiones, de aprendizaje y adquisición de nuevos oficios y conocimientos. En sus palabras: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro”. ¹

Sus palabras invitan a una reflexión que trasciende lo religioso, y no puedo evitar realizarme algunos cuestionamientos respecto a nuestro sistema penal, ¿es realmente posible que la cárcel argentina sea un espacio de transformación y reconstrucción personal? ¿Puede cumplir esa función una institución que, en demasiados casos, ni siquiera consigue garantizar condiciones mínimas de dignidad a quienes aloja?

Al 31 de diciembre de 2024 había 121.443 personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios, lo que representa una tasa de 258 personas cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia, según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Hay una tendencia marcada, durante los últimos veinticinco años, el encarcelamiento creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020. En 2024, el incremento alcanzó el 7,1 %. Aunque se amplió la cantidad de plazas disponibles, los sistemas penitenciarios del país funcionan al 130,2 % de su capacidad. A ello deben sumarse las personas alojadas en dependencias policiales, que el Comité contabiliza por separado. ²

El propio CNPT advierte que el problema no puede abordarse exclusivamente mediante la ampliación de la infraestructura penitenciaria. El crecimiento de la población encarcelada responde también a factores vinculados con la política criminal, es decir, el uso de la prisión preventiva, el incremento de las penas cortas de efectivo cumplimiento, el endurecimiento de las escalas penales y la reticencia a aplicar medidas alternativas al encierro. No estamos, entonces, únicamente frente a un problema de espacio físico, sino también ante una determinada concepción del castigo y del uso de la prisión como respuesta estatal.

A su vez, los relevamientos de los organismos de control registran situaciones de hacinamiento, deficiencias estructurales, agresiones físicas, aislamiento y graves problemas en materia de salud, higiene y alimentación.

En particular, el Informe Anual 2024 de la Procuración Penitenciaria de la Nación contabilizó, en el ámbito federal-nacional, 1.472 hechos de tortura y malos tratos correspondientes a 641 víctimas. Entre los hechos registrados se destacan las malas condiciones materiales de detención (422), las agresiones físicas (363), el aislamiento (146), la falta o deficiente asistencia a la salud (145) y la falta o deficiente alimentación (97).³

El relevamiento adquiere especial relevancia cuando se observa lo ocurrido en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como Devoto. La Procuración Penitenciaria registró allí 266 víctimas a partir de las distintas fuentes de relevamiento utilizadas y describió condiciones materiales de detención caracterizadas por la acumulación de residuos, la presencia de plagas, deficiencias de higiene, insuficiencia de instalaciones sanitarias y hacinamiento. Al momento de la inspección, el establecimiento alojaba a 1.567 personas, pese a contar con un cupo de 1.540 plazas.

Entonces, nos encontramos frente a una gran paradoja, en el mismo establecimiento en el que el Papa habló de aprendizaje, oficios, conversión y reconstrucción personal aparece en los informes de los organismos de control como escenario de graves problemas de detención. No se trata de desacreditar el mensaje pontificio, sino de preguntarnos qué condiciones materiales e institucionales hacen falta para que esa esperanza pueda convertirse en una posibilidad concreta.

Nuestra Constitución Nacional estableció, desde sus orígenes, un estándar mínimo e ineludible para el funcionamiento de las cárceles, estas debían ser espacios sanos y limpios, destinados a la seguridad y no al castigo adicional de quienes se encuentran privados de su libertad. Sin embargo, la distancia entre ese mandato constitucional y las condiciones actuales de nuestros establecimientos penitenciarios es tan profunda que obliga a preguntarnos si el sistema carcelario argentino, considerado en su conjunto, no se encuentra en abierta contradicción con las exigencias del artículo 18 de la Constitución Nacional.⁴

No es una recomendación humanitaria ni una aspiración moral dirigida a las autoridades penitenciarias. Es un límite constitucional al ejercicio del poder punitivo del Estado. La privación de libertad no supone la pérdida de los demás derechos ni habilita al Estado a imponer padecimientos que excedan los inherentes al propio encierro.

Esta interpretación fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus. Allí, al abordar la situación de sobrepoblación y las condiciones de detención en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal sostuvo que el artículo 18 de la Constitución reconoce a las personas privadas de libertad el derecho a un trato digno y humano. También señaló que las condiciones materiales, higiénicas y de salubridad de las cárceles no pueden agravar indebidamente el mal inherente a la pena. ⁵

La relevancia de este precedente reside, además, en que la Corte no abordó la cuestión como una mera deficiencia administrativa, sino como un problema estructural de afectación de derechos fundamentales que exigía una respuesta judicial. La sobrepoblación, las condiciones indignas de alojamiento y los malos tratos no constituyen simples irregularidades del funcionamiento penitenciario: comprometen directamente la responsabilidad constitucional e internacional del Estado.

A ello se suma que la finalidad de reinserción social de la pena privativa de libertad encuentra reconocimiento expreso en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. El artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. En el mismo sentido, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. ⁶

Entonces, existe una distancia difícil de justificar entre el mandato constitucional, los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y la realidad de sus establecimientos penitenciarios. Y esa distancia pone en evidencia una contradicción todavía más profunda: el Estado no puede exigirle a una persona que se reinserte en una sociedad de la que la propia institución penitenciaria contribuye a excluirla.

La reinserción social no puede descansar exclusivamente en la voluntad individual de quien está preso. No alcanza con que una persona desee cambiar, aprender un oficio, reconstruir sus vínculos familiares o proyectar una vida diferente si el ámbito en el que transcurre su detención no le ofrece las condiciones mínimas para hacerlo. No puede exigírsele que se prepare para vivir en libertad cuando el encierro transcurre en condiciones que degradan su dignidad, deterioran su salud y debilitan sus posibilidades de reconstrucción personal.

Por eso, la reinserción no puede ser entendida como una responsabilidad exclusiva de la persona condenada ni como una promesa que se agota en el discurso institucional. Requiere políticas públicas concretas: educación, trabajo, atención sanitaria, acompañamiento psicológico, fortalecimiento de los vínculos familiares y, fundamentalmente, condiciones de detención respetuosas de los derechos humanos. Exige, además, una política criminal que no confunda el incremento del encarcelamiento con una respuesta eficaz frente al delito.

En definitiva, la pregunta no es si una persona puede encontrar en la cárcel una oportunidad para cambiar su vida. Naturalmente, puede hacerlo. La pregunta es si el Estado argentino está ofreciendo las condiciones necesarias para que esa posibilidad exista.

El mensaje del Papa constituye una invitación a pensar en la posibilidad de una segunda oportunidad, con la idea que cada persona dentro de su ámbito de autodeterminación elija dejar la criminalidad atrás. Sirvió como una llamado a la sociedad a tener empatía y compasión para quienes están atravesando este momento en su vida y para sus familiares.

Pero también debería funcionar como un llamado de atención para quienes tienen la responsabilidad de administrar el sistema penitenciario. Si la cárcel debe servir para algo más que encerrar, el primer paso es garantizar que no destruya a las personas que pasan por ella.

De lo contrario, hablar de transformación, aprendizaje y reinserción social corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía, pronunciada detrás de los mismos muros que impiden hacerla realidad.