El revuelo provocado por la crisis migratoria de Ceuta, que estalló a finales de julio y dominó el debate político europeo durante los primeros días de agosto, ha vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro de la discusión política europea. Sin embargo, Ceuta no ha puesto en cuestión únicamente la seguridad de las fronteras europeas. Ha puesto en cuestión la propia idea del constitucionalismo europeo. Como ya ocurrió en otras ocasiones, la migración ha sido utilizada como instrumento de presión política por un tercer Estado. Sin embargo, limitar el análisis a esta dimensión externa sería un error. La verdadera cuestión no es únicamente qué ocurre en las fronteras de Europa, sino qué sucede dentro de la propia Unión cuando la inmigración se convierte en el eje del debate político.
Cada crisis migratoria parece desencadenar la misma dinámica. La inmigración deja de ser un problema de gestión para convertirse en una categoría constitucional. Ya no se discuten únicamente políticas públicas, sino quién pertenece al “verdadero pueblo”, qué identidad merece protección y cuáles son los límites que la democracia puede tolerar. Es lo que denomino Derecho público identitario: una forma de instrumentalización del Derecho constitucional que transforma la Constitución en un instrumento de identificación política. Los derechos fundamentales dejan de ocupar el centro del sistema y la prioridad pasa a ser la defensa de una identidad presentada como uniforme, amenazada y necesitada de protección.
Hungría durante los gobiernos de Orbán ha sido el laboratorio más conocido de esta transformación, pero reducir el fenómeno a Orbán sería tranquilizador y, precisamente por ello, equivocado. Dinámicas similares empiezan a apreciarse en otros Estados miembros.
Italia ofrece hoy algunos ejemplos especialmente reveladores. El acuerdo con Albania para externalizar parte de la gestión de las solicitudes de asilo ha dado lugar a un intenso conflicto entre el Gobierno y los tribunales nacionales y europeos. Tras una importante sentencia de 2025 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los llamados “países de origen seguros”, la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia reaccionó señalando que pronunciamientos de este tipo terminan restringiendo el margen reservado a las decisiones políticas. Incluso antes de esa sentencia, una parte de la mayoría parlamentaria había propuesto una reforma constitucional destinada a cuestionar la posibilidad de que los jueces nacionales dejaran inaplicadas las leyes incompatibles con el Derecho de la Unión. La reforma probablemente nunca prosperará. Pero resulta significativa porque revela que, para determinados actores políticos, el verdadero problema ya no es la inmigración, sino los límites jurídicos al ejercicio del poder.
No se trata de episodios aislados. La carta promovida por Italia y Dinamarca en 2025 para reclamar una reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos confirma una tendencia más amplia: gobiernos pertenecientes a tradiciones políticas distintas convergen cada vez más en la idea de que el Derecho europeo constituye un obstáculo para responder eficazmente a la inmigración.
Este desplazamiento va acompañado de lo que en mis trabajos he denominado contranarrativas constitucionales. Utilizo deliberadamente la expresión “contranarrativas” porque las constituciones no son únicamente conjuntos de normas. Son también relatos colectivos. Especialmente en la Europa nacida tras la Segunda Guerra Mundial, las constituciones cuentan una historia sobre el pluralismo, la limitación del poder, la dignidad humana y la integración europea. Los populismos identitarios responden a ese relato con otro alternativo, construido mediante un uso selectivo, manipulador e instrumental del lenguaje del Derecho constitucional.
Todo populismo necesita construir un enemigo. Pero esa construcción requiere también un relato. Por eso las teorías conspirativas han dejado de ocupar un espacio marginal para instalarse progresivamente en el debate público. La teoría del “gran reemplazo”, la representación del inmigrante como una amenaza existencial o la idea de una invasión organizada ya no pertenecen exclusivamente a grupos extremistas. Han penetrado, con diferentes intensidades, en el lenguaje de actores políticos institucionales. Su función no consiste tanto en describir la realidad como en justificar respuestas extraordinarias.
Las consecuencias constitucionales son profundas. Cuando el enemigo ocupa el centro del debate, también cambian los adversarios institucionales. Los tribunales nacionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pasan a ser presentados como obstáculos para la voluntad popular. Se difunde así una de las más eficaces contranarrativas constitucionales de nuestro tiempo: la idea de que el constitucionalismo y el Estado de Derecho limitan la democracia, olvidando deliberadamente que la democracia constitucional nunca ha consistido únicamente en el gobierno de la mayoría, sino también en la protección del pluralismo y de las minorías. Pocas horas después de los acontecimientos de Ceuta, una declaración conjunta impulsada —una vez más— por Italia y Dinamarca, y firmada por veintidós jefes de Estado y de Gobierno europeos, ilustró esta transformación. Resulta especialmente significativa porque fue impulsada por dos gobiernos pertenecientes a tradiciones políticas distintas, confirmando que determinadas contranarrativas constitucionales ya no son patrimonio exclusivo de la derecha populista. El documento contiene un pasaje revelador. Afirma que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español habría sido utilizada para desencadenar el ataque contra Ceuta y abusar del sistema europeo de migración y asilo. Más allá del contenido de esa resolución, lo relevante es su utilización selectiva y descontextualizada como argumento político. Los tribunales ya no aparecen únicamente como intérpretes del Derecho; sus decisiones pasan a integrarse en un conflicto político y constitucional mucho más amplio.
Recientemente, Alemanno planteó una idea similar en el Guardian, haciendo hincapié en el papel ambiguo que desempeña el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo con ese artículo, aunque con una salvedad importante. Lo que estamos presenciando no es simplemente el éxito de la extrema derecha. Se trata de un cambio cultural más amplio dentro de la corriente política mayoritaria europea. La migración es quizás el ejemplo más claro. La convergencia entre gobiernos tan políticamente diferentes como los de Dinamarca e Italia sugiere que posturas que antes se asociaban con la extrema derecha se han extendido mucho más allá de ella. Partes del centroizquierda y del centroderecha han abandonado progresivamente una concepción de la migración basada en los derechos. Y, lo que es más importante, los migrantes desaparecen cada vez más del debate político europeo como personas: como titulares de derechos cuya dignidad debería constituir un límite a lo que las mayorías políticas pueden hacer legítimamente.
Esta transformación cultural se ha visto facilitada por una Comisión Europea cada vez más débil. La segunda Comisión von der Leyen nació bajo los auspicios de una presidencia fuerte, pero esa autoridad política parece haberse ido evaporando progresivamente. La respuesta a la crisis de Ceuta es reveladora. Ni la presidenta von der Leyen ni el comisario Brunner han dado el tipo de señal política firme que podría contrarrestar el endurecimiento competitivo de las posiciones nacionales.
El problema, por lo tanto, puede ser más profundo que el colapso del tradicional «cortafuegos» en torno a la extrema derecha. El cortafuegos se vuelve casi irrelevante una vez que gran parte de la corriente dominante ha interiorizado los supuestos que originalmente se suponía que debía contener.
La verdadera cuestión ya no es simplemente si los partidos de la corriente dominante cooperan con la extrema derecha, sino en qué medida la visión de la extrema derecha sobre la migración, los derechos y la pertenencia ya se ha convertido en el sentido común mayoritario en Europa.
Los debates abiertos tras Ceuta ilustran precisamente este riesgo. El desafío ya no consiste únicamente en responder a un episodio de presión migratoria. Consiste en impedir que cada crisis se convierta en una nueva oportunidad para normalizar la excepción, debilitar los controles jurídicos y sustituir el lenguaje de los derechos por el de la identidad.
La Unión Europea nació precisamente para domesticar el poder mediante el Derecho. Si acepta que el miedo redefina progresivamente los límites del constitucionalismo, el mayor éxito de quienes utilizan la migración como arma no será haber tensionado las fronteras europeas. Será haber conseguido transformar, desde dentro, la propia naturaleza del proyecto europeo.