Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Martin Luther King Jr.
Especialmente desde inicios del presente siglo, ha habido un creciente interés por comprender cómo mueren las democracias constitucionales. Mientras que en el siglo XX la principal preocupación de las democracias eran los golpes de Estado (sobre todo en nuestra región), en el XXI ha quedado en evidencia que las democracias también mueren desde adentro, en un proceso gradual que, paradójicamente, suele comenzar con la elección de un líder autoritario y populista (Levitsky y Ziblatt). Ante el auge del autoritarismo populista (Norris e Inglehart), y con Venezuela a la vista, he aludido al Derecho constitucional autoritario-populista.
Pero se ha reflexionado poco sobre cómo se reinstaura la democracia tras una deriva autoritaria, en particular cuando esa deriva ha erosionado la capacidad estatal, lo que da lugar a Estados frágiles. La teoría tradicional de la transición democrática, desarrollada, entre otros, por Juan Linz, ofrece un marco general pero referencial, pues se basa en un escenario en el que el principal problema por resolver es cómo sustituir un gobierno autoritario por uno democrático, y no cómo reconstruir la capacidad estatal.
Al incorporar esta variable, podemos comprender por qué la detención y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas de Estados Unidos representa una ventana para avanzar hacia una transición que no solo atienda la arista democrática, sino también la arraigada fragilidad estatal. Esta ventana, como expliqué aquí en La Crítica del Derecho, era más una expectativa que una realidad. Pero los cambios recientes sugieren que, con claroscuros, Venezuela podría orientarse hacia una transición que restablezca los pilares de la democracia constitucional y la capacidad institucional.
El diagnóstico del problema
El problema de fondo en Venezuela no es solo la ausencia de un gobierno democrático sino la de un Estado capaz. Así, el autoritarismo populista de Chávez y Maduro no solo destruyó el Estado de Derecho, sino también el propio Estado. Venezuela es hoy un Estado frágil cuyas débiles estructuras han sido cooptadas por organizaciones criminales.
La mejor expresión del Estado frágil es la pérdida de control del territorio y la incapacidad para ejercer la atribución que, para Weber, es el signo distintivo del Estado: el monopolio del uso legítimo de la fuerza para preservar el orden público.
La reciente acusación penal contra Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York evidencia cómo la fragilidad estatal impulsó la creación de instituciones del crimen organizado que han perpetrado violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Las sombras de la transición
Los riesgos del Estado frágil pueden explicar el enfoque pragmático de la administración de Trump, cuyas dos primeras fases se centraron en garantizar la estabilidad política tras la salida de Maduro y en sentar las bases para la recuperación económica, principalmente en el sector petrolero. La tercera fase —la transición— quedó relegada a una fecha incierta.
Ello derivó en la ilusión de que la economía de Venezuela y su petróleo podían recuperarse al margen del Estado de Derecho. No es de extrañar, entonces, que la incierta transición comenzara con la reforma de la legislación sobre hidrocarburos. Solo después se dictó la Ley de amnistía, condicionada y muy limitada. La impresión era que la democracia en Venezuela había sido postergada y que la salida de Maduro daría lugar a un régimen autoritario que, tutelado por Estados Unidos, promovería lo que se conoce como el “capitalismo de compinches”.
Las luces de la transición
Desde junio aparecieron las primeras luces. El 3 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la importancia de nombrar cuanto antes a un nuevo árbitro electoral. Poco después, comenzó el proceso de negociación para una transición democrática, conducido por Dinorah Figuera, presidenta de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, electa en 2015, y Jorge Rodríguez, presidente de la sexta legislatura, electa en condiciones fraudulentas en 2025.
Desde entonces, se han alcanzado hitos importantes. Así, en septiembre la sexta legislatura aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. A pesar de sus bemoles, la reforma permite renovar a todos los magistrados, en un proceso que, por primera vez desde 2004, no está dirigido por un comité de postulaciones controlado por el oficialismo.
En las últimas cuatro semanas, el ritmo de reformas hacia la transición se ha acelerado. El 25 de octubre, María Corina Machado —ganadora de las primarias de 2023 y Premio Nobel de la Paz 2025— regresó a Venezuela. Al día siguiente, el 26 de octubre, el secretario Rubio y el Departamento de Estado revelaron, por primera vez, una ruta electoral más definida: los nuevos magistrados del Tribunal Supremo deben ser designados para diciembre, y “poco después” se renovará al árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral. Cumplido este paso, se declarará la falta absoluta de la Presidencia y, seis meses después, se celebrarán elecciones. Si este plan se cumple, Venezuela podría, finalmente, celebrar elecciones presidenciales libres y justas en el segundo semestre de 2027.
En este contexto, se ha intensificado el retorno de dirigentes políticos que fueron forzados al exilio, lo que, poco a poco, permite incorporar a un actor que hasta ahora estaba ausente: los venezolanos. Ello abre espacio para mecanismos de deliberación democrática que impulsen las reformas pendientes en los próximos meses.
Lo que falta
Para avanzar en esta transición compleja, y tomando en cuenta los acontecimientos más recientes, hacen falta reglas basadas en acuerdos políticos. Parafraseando a Grimm, hacen falta reglas sobre las reglas de la transición. Estas reglas deben basarse en los artículos 333 y 350 de la Constitución, que habilitan la aplicación de un régimen de excepción orientado a restablecer el orden constitucional y la capacidad del Estado.
En las condiciones actuales, estas reglas solo pueden ser dictadas por el Gobierno de facto vigente. Esto evoca la Transición española —de la ley (de facto) a la ley (democrática)—, aunque aquí el tránsito resulta de la intervención directa de Estados Unidos.
Estas reglas de la transición deberían abordar al menos cuatro aspectos clave.
En primer lugar, las reglas deben restablecer las libertades políticas y restaurar las condiciones de integridad electoral. Un punto urgente es la liberación de los más de trescientos presos políticos que permanecen en Venezuela, así como el cese de la persecución penal por razones políticas, mediante la implementación de la Ley de amnistía con criterios de derechos humanos.
En segundo lugar, es necesario resolver la cuestión de la validez de los actos y contratos del Gobierno de facto de Delcy Rodríguez, para lo cual la obra de Carlos Nino ofrece referencias importantes.
En relación con lo anterior, y en tercer lugar, es urgente abordar el tema de la justicia transicional. Este asunto ha sido evadido porque incomoda a todos: al oficialismo, por el riesgo de investigación; a la oposición, por el riesgo de impunidad. En el marco de los derechos humanos y la Constitución, sin embargo, creo que es posible —y necesario— diseñar un sistema de justicia transicional que genere incentivos para avanzar en la transición y que parta de la centralidad de las víctimas.
El último punto, y el más complejo de todos, es adoptar acuerdos de anclaje institucional que permitan reconstruir las capacidades estatales. De poco servirán las elecciones si el nuevo Gobierno colapsa en medio de desórdenes derivados de la creciente informalidad y criminalidad. Una fórmula para crear ese anclaje son los llamados acuerdos de soberanía compartida, mediante los cuales Venezuela pacta con otros Estados y organizaciones internacionales el ejercicio de funciones propias de su soberanía mientras se reconstruye la capacidad estatal.
Estos acuerdos ya están en marcha. De hecho, desde enero el Gobierno de Estados Unidos controla todas las exportaciones petroleras, el componente central de la economía venezolana. Recientemente, se anunciaron acuerdos de cooperación militar que apuntan, precisamente, a un mayor papel de Estados Unidos en el control territorial y en el orden público. El reto consiste en transformar estos acuerdos en instituciones que impulsen la construcción de capacidades estatales en el marco de la transición democrática.
Las transiciones rara vez ocurren como se planean. A pesar de todas las condiciones adversas, en las últimas semanas se ha abierto una ventana que arroja luz sobre las sombras y apunta a una transición que, en todo caso, sigue siendo extremadamente frágil.