Una crisis de gobernanza judicial
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil enfrenta actualmente la crisis más severa de gobernanza judicial en su historia democrática: la consolidación de un poder judicial individualizado en detrimento de la colegialidad. El reciente escándalo del Banco Master – centrado en acusaciones de fraude bancario masivo y vínculos indebidos entre el propietario del banco, autoridades públicas e incluso familiares de ministros de la Corte Suprema – expone cómo los conflictos de interés, la toma de decisiones opaca y la concentración de autoridad en jueces individuales pueden erosionar los fundamentos institucionales de un tribunal constitucional.
India experimentó una crisis muy similar en 2018. Pero en la Corte Suprema de la India, los jueces defendieron públicamente la integridad institucional. La escena fue extraordinaria: jueces de una corte constitucional que acudían al público para advertir sobre riesgos institucionales internos. Su justificación fue igualmente extraordinaria: “la democracia está en riesgo” si las instituciones dejan de funcionar conforme a reglas transparentes y colegiadas. El episodio indio ofrece un espejo comparativo de notable claridad para comprender lo que hoy ocurre en el STF brasileño.
Colegialidad, poder individual y el riesgo de cortes personalizadas
En los últimos años, la doctrina brasileña ha identificado un fenómeno ampliamente reconocido en el STF: la llamada “ministrocracia”, término que describe un tribunal en el cual las decisiones individuales de sus ministros dominan el proceso decisorio, muchas veces desplazando la deliberación colegiada (véase el análisis de Diego Werneck Arguelhes y Leandro Molhano Ribeiro). Esta práctica decisoria funciona sin los controles institucionales que la responsabilidad colectiva está diseñada para proveer. Los ministros controlan agendas, conceden medidas cautelares de enorme impacto institucional y, con frecuencia, determinan el rumbo de controversias constitucionales sin deliberación plena. El resultado es una Corte en la que la autoridad institucional se fragmenta en poderes individuales.
Este fenómeno produce una paradoja institucional. Por un lado, el STF nunca ha sido tan poderoso. Por otro, su autoridad como tribunal colegiado se debilita. Esto erosiona la idea de que la decisión es, ante todo, una opinión de la Corte construida colectivamente. Cuando la colegialidad se debilita, el tribunal deja de ser percibido como institución y pasa a ser visto como la suma de preferencias individuales de sus miembros.
La crisis de gobernanza judicial en India
Fue precisamente este tipo de vulnerabilidad estructural lo que desencadenó una crisis institucional en India en enero de 2018. En ambos casos, la crisis se refiere principalmente a la gobernanza interna del propio tribunal. En India, como se mostrará, las preocupaciones se centraron en la asignación opaca de casos, mientras que en Brasil giran en torno a la concentración de poderes procesales e de investigación en jueces individuales.
En un movimiento sin precedentes en la judicatura india, cuatro de los jueces de mayor antigüedad de la Corte Suprema – Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi, Madan B. Lokur y Kurian Joseph – realizaron una histórica conferencia de prensa para advertir públicamente sobre riesgos institucionales internos y defender la integridad de la Corte. Durante el evento, difundieron una carta abierta dirigida al Presidente de la Corte, Dipak Misra. El documento denunciaba prácticas institucionales graves, incluyendo la asignación estratégica de casos y la conformación de salas de juicio de manera que pudiera influir en el resultado de decisiones sensibles (véanse los análisis de Richard Albert y Adeel Hussain). El episodio no fue simplemente un conflicto personal. Reveló una crisis más profunda de gobernanza judicial, centrada en las estructuras internas de toma de decisiones del tribunal.
El Presidente de la Corte posee la prerrogativa de asignar casos a las salas, un poder tradicionalmente ejercido con base en criterios administrativos e institucionales. Según los cuatro jueces disidentes, sin embargo, ese poder estaba siendo ejercido de manera opaca y potencialmente estratégica, dirigiendo casos políticamente sensibles a salas consideradas favorables a determinadas posiciones. La denuncia no cuestionaba el contenido de las decisiones; más bien, se dirigía a la estructura de funcionamiento del tribunal y a la conducta específica de su Presidente. Era una crítica esencialmente institucional: cuando la asignación de casos deja de ser transparente y previsible, el riesgo de manipulación decisoria aumenta.
La reacción de los jueces indios fue radical. Al hacer pública la carta, rompieron una tradición de discreción institucional. Pero justificaron la medida como un intento de proteger a la propia Corte, de preservar su integridad institucional.
El escándalo del Banco Master en Brasil
En Brasil, el escándalo del Banco Master ha producido una crisis similar en su estructura, pero mucho más grave en sus consecuencias. En noviembre de 2025, el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación del Banco Master tras una serie de irregularidades financieras sospechadas, incluyendo la emisión de instrumentos de alto rendimiento respaldados por activos ilíquidos o fraudulentos (véase Folha de S. Paulo, 2026 y The Economist, 2026). Según informó CNN Brasil, el caso pronto se expandió hacia una compleja investigación multiinstitucional que involucró actores financieros, autoridades públicas y órganos reguladores, llegando finalmente al Supremo Tribunal Federal. Pero el verdadero significado constitucional de la crisis no reside en la magnitud del fraude financiero, sino en la contaminación del propio STF mediante conflictos de interés que alcanzan el núcleo de la gobernanza judicial.
El ministro Dias Toffoli, relator de la investigación, ordenó que las pruebas incautadas fueran almacenadas en el propio STF en lugar de la Policía Federal, seleccionó a los peritos responsables del análisis y viajó a la final de la Copa Libertadores a bordo del mismo avión privado que uno de los abogados de la defensa. Al mismo tiempo, la participación de su familia en el Resort Tayayá, en el estado de Paraná, fue vendida a un fondo vinculado al cuñado de Daniel Vorcaro, precisamente el investigado en el caso. El 12 de febrero de 2026, tras un informe de 200 páginas de la Policía Federal que detalló estas conexiones, una reunión de tres horas de los diez ministros culminó con la salida de Toffoli del caso, según reportaron Tiago Angelo y Giullia Colombo.
Los paralelismos con el episodio indio son evidentes. En India, la crisis se centró en el ejercicio opaco de la prerrogativa del Presidente de la Corte para asignar casos. En Brasil, se centró en el poder del relator para conducir una investigación en la que él mismo estaba, en la práctica, implicado (véase el reporte de Ricardo Brito en Reuters). En ambos casos, lo que estaba en juego era la integridad estructural de los mecanismos de gobernanza que deberían ser transparentes, impersonales y responsables institucionalmente.
Poder concentrado en un solo juez
Si el caso de Toffoli evidencia el problema de los conflictos de interés en la gestión de casos, la participación del ministro Alexandre de Moraes revela una patología distinta, pero igualmente corrosiva: la concentración de poderes investigativos, adjudicativos y represivos en manos de un solo juez.
La conexión de Moraes con el escándalo Master se da a través de su esposa, Viviane Barci de Moraes, cuyo estudio jurídico firmó un contrato por R$ 129 millones (aproximadamente US$ 25 millones) para representar al Banco Master – un contrato en el cual pagos de R$ 3,6 millones mensuales eran tratados como prioridad absoluta por el fundador del banco, según reportó Joan Royo Gual en El País. Las revelaciones más recientes, sin embargo, van mucho más allá. Los mensajes recuperados del teléfono incautado de Vorcaro muestran que el banquero mantuvo un intercambio intenso con Moraes el mismo día de su detención, el 17 de noviembre de 2025, llegando en un momento a preguntar si el juez había logrado “bloquear” algo. El uso de mensajes autodestructivos y el intercambio de capturas de pantalla con notas mecanografiadas indican un patrón que sugiere un intento de evitar el escrutinio, reflejando un alto grado de conciencia sobre la naturaleza altamente problemática del contacto. Otros mensajes revelan que Vorcaro visitó la casa de Moraes y que Moraes visitó la residencia de Vorcaro en Brasilia, donde, según se informa, el juez fue presentado al entonces presidente del BRB, el banco estatal cuya compra de Master fue posteriormente bloqueada por el Banco Central.
En lugar de recusarse, Moraes inició de oficio una investigación para indagar la supuesta filtración de datos financieros tanto del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) como de la Receita Federal, utilizando su autoridad como relator de la investigación de las Fake News para ordenar el uso de tobilleras electrónicas, la revocación de pasaportes y la prohibición de acceso a dependencias de la Receita Federal contra funcionarios públicos sospechosos (véase CNN Brasil, 2026).
Esta es la ministrocracia en su expresión más extrema. Cuando un solo juez controla el instrumento investigativo más relevante del tribunal y lo utiliza no solo contra amenazas a la democracia, sino contra quienes exponen la conducta de los propios jueces, la frontera entre protección institucional y autopreservación individual se desvanece.
El impasse del Código de Ética y el silencio del STF
Otra dimensión de la crisis resulta particularmente interesante desde una perspectiva comparada. A comienzos de marzo de 2026, el Presidente del STF, Edson Fachin, señaló la necesidad de un Código de Ética formal y designó a la ministra Cármen Lúcia para liderar las discusiones (véase el reportaje de Sarah Teófilo, Mariana Muniz e Ivan Martínez-Vargas en O Globo). Toffoli y Moraes se opusieron inmediatamente a la propuesta en sesión plenaria, argumentando que la regulación existente era suficiente, según reportó Isadora Rupp en Nexo. Toffoli fue más allá, defendiendo el derecho de los jueces a mantener intereses empresariales y recibir dividendos de empresas familiares.
El contraste con el caso indio es esclarecedor. En India, la crisis fue desencadenada por jueces que cuestionaron al presidente de la Corte Suprema en nombre de la integridad institucional. En Brasil, los dos jueces más directamente implicados no solo han rechazado cualquier rendición de cuentas, sino que además han resistido activamente cualquier reforma institucional que pudiera limitar su actuación. Mientras que los jueces disidentes en India rompieron con la tradición para defender a la institución frente a su propio liderazgo, Toffoli y Moraes han roto con algunos de sus colegas para defenderse a sí mismos frente a la institución. La posterior cancelación del almuerzo institucional que Fachin había programado para discutir el código, así como el silencio reportado de los demás jueces, pone de manifiesto la profundidad de la crisis interna en el tribunal (véase el reportaje de Mariana Muniz y Sarah Teófilo en O GLOBO).
Erosión democrática en un año electoral en Brasil
El momento de esta crisis difícilmente podría ser peor. Brasil entra en el ciclo electoral de 2026 —con elecciones generales previstas para el 4 de octubre— mientras su más alta institución judicial se ve envuelta en un escándalo que, aunque no implica directamente al presidente Lula, daña profundamente el entorno institucional del que depende la gobernanza democrática. El escándalo del Banco Master ejemplifica cómo la pérdida de legitimidad judicial, especialmente en períodos de alta tensión como los años electorales, crea un vacío de poder que los populistas autoritarios explotan con facilidad para desmantelar las salvaguardas constitucionales. La legitimidad del STF fue un baluarte decisivo durante los años de Bolsonaro, en particular frente a la invasión de los Tres Poderes, frente a los intentos de subvertir los resultados electorales y frente al asalto coordinado contra las normas democráticas. Ese baluarte se encuentra ahora comprometido no por un ataque externo, sino por una corrosión interna.
Los riesgos políticos son concretos y graves. La extrema derecha, cuyo proyecto de captura institucional fue cuestionado y finalmente derrotado por la propia actuación del STF, encuentra ahora en el escándalo del Banco Master la munición más potente para su narrativa de ilegitimidad judicial. La autoridad moral de esos actos judiciales queda retroactivamente puesta en duda, no necesariamente en el plano jurídico, sino en la opinión pública, que es donde se deciden las elecciones. El periodismo de investigación ya ha demostrado las amplias conexiones entre el grupo Master y figuras de la coalición de derecha (véase Murillo Camarotto et al. en Valor International, 2026). El escándalo no es ideológicamente unilateral. Pero la explotación política del descrédito del STF es profundamente asimétrica: beneficia sobre todo a quienes desean desmantelar o subordinar al tribunal.
Un STF debilitado en un año electoral es una invitación a la regresión democrática. El escenario en el que la confianza pública en el tribunal colapsa, precisamente cuando este puede ser llamado a decidir sobre resultados electorales disputados, excesos legislativos o abusos del poder ejecutivo, es el más favorable para el populismo autoritario. Esto resulta bastante alarmante, pero la lección de la experiencia constitucional comparada es inequívoca: los tribunales que pierden su autoridad moral ante la opinión pública se vuelven incapaces de desempeñar la función contramayoritaria de la que depende la democracia constitucional. Cuando la legitimidad de un tribunal se agota, sus decisiones dejan de ser mandatos autoritativos y pasan a situarse en el terreno de la negociación política. Brasil se encuentra actualmente al borde mismo de ese precipicio en 2026.
La Corte y sus jueces
Las cortes supremas suelen ser analizadas a partir de sus decisiones. Pero su legitimidad institucional depende de algo más profundo: sus prácticas internas. ¿Cómo se distribuyen los casos? ¿Cómo se gestionan los conflictos de interés? ¿Cómo responden los jueces a sus propias crisis? Estas preguntas son tan importantes como el contenido de las decisiones.
El episodio indio demostró que la integridad institucional puede exigir coraje institucional, incluso por parte de los propios jueces. El escándalo del Banco Master ha sacado a la luz pública las estructuras de gobernanza que normalmente operan detrás del texto constitucional. Sin embargo, mientras que en India la alarma fue dada por jueces actuando en defensa de la institución, en Brasil ha sido planteada por el periodismo de investigación, la Policía Federal y un sistema político reticente, mientras que los jueces más directamente implicados han respondido con negación, represalias y resistencia a cualquier reforma.
Esta diferencia en la respuesta revela que lo que la doctrina brasileña ha denominado “ministrocracia” ha alcanzado un punto en el que los propios mecanismos internos de corrección del tribunal están comprometidos. Si la mayor lección del caso indio fue que una Corte Suprema fuerte es aquella en la que la institución es mayor que sus jueces, la crisis brasileña de 2025–2026 ofrece su oscuro corolario: cuando los jueces individuales se vuelven más poderosos que la institución, esta pierde su capacidad de autocorrección y, de manera aún más grave, su pretensión de legitimidad democrática. Y esa es una lección que ninguna democracia puede permitirse ignorar.