Al comienzo del segundo mandato de Trump, intenté llevar la cuenta de los días, ya que cada día que pasaba parecía traer consigo una nueva atrocidad, un nuevo ataque al Estado de derecho y a nuestras normas democráticas. El histórico eslogan del Washington Post “la democracia muere en la oscuridad” hoy puede reformularse para afirmar que también muere bajo el efecto estroboscópico del caos y la crueldad gratuita que genera continuamente este gobierno. Pero en marzo del 2025, cuando Rumeysa Ozturk fue secuestrada en la calle por agentes enmascarados del ICE, a unas diez manzanas de mi casa en Cambridge, Massachusetts, y Mahmood Khalil fue detenido en el hall de su edificio en Nueva York delante de su esposa embarazada, todavía parecía posible que los tribunales intervinieran para detener lo que eran claras violaciones de la Constitución y otras leyes.

Y los tribunales federales de distrito lo han hecho en muchas situaciones. Han dictaminado la liberación de Ozturk, Khalil, Mohsen Mahdawi y otros activistas. Han ordenado la suspensión de las deportaciones de algunas personas detenidas por el ICE y que traiga de vuelta a Kilmar Abrego García del infame centro de tortura CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado injustamente.

"El histórico eslogan del Washington Post ’la democracia muere en la oscuridad’ hoy puede reformularse para afirmar que también muere bajo el efecto estroboscópico del caos y la crueldad gratuita que genera continuamente este gobierno."

Pero la ley funciona a un ritmo diferente y, en varios casos, las cortes de apelación o la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han intervenido para suspender o anular esas órdenes. En particular, la CSJ se ha pronunciado de forma abrumadora a favor del Ejecutivo —que ha pisoteado nuestro equilibrio constitucional de poderes y se ha arrogado el control de agencias independientes— a menudo a través del llamado emergency docket, con poco o ningún razonamiento. Como ha señalado la profesora Kim Scheppele, si el poder ejecutivo anterior a enero de 2025 era como un suerte de acuario en el que distintos peces —las distintas agencias y oficinas de gobierno— nadaban desempeñando funciones de gobierno, lo que ha sucedido ahora es que Trump introdujo una batidora en la pecera. Y lo hizo alegando tener el poder constitucional para convertirlo todo en sopa de pescado. Es muy fácil convertir un acuario en sopa de pescado, pero imposible convertir la sopa de pescado de nuevo en un acuario. Por tanto, concluye Scheppele, permitir que Trump encienda la batidora mientras se espera una respuesta sobre la sopa equivale a decidir el caso.

Foto de D. Guttenfelder para el New York TimesD. Guttenfelder

En un país construido sobre la inmigración, la crueldad de la agenda etnonacionalista del Ejecutivo es asombrosa: desde la suspensión de los procesos de refugio y los visados de docenas de países, pasando por el repugnante menosprecio de Trump hacia ciertas poblaciones, como los somalíes de Minnesota, hasta el argumento del vicepresidente Vance de que el “nacionalismo creencial” basado en nuestra Constitución y la Declaración de Independencia no es suficiente. Al parecer, los “verdaderos estadounidenses” son aquellos cuyos antepasados están enterrados en cementerios (en su caso, en Kentucky), lo que, huelga decir, no se aplica a los pueblos originarios en cuyas tierras robadas vivimos.

“Alicia Yamin en Boston.”
Alicia Yamin en Boston.

La aplicación de las leyes de inmigración se utiliza ahora como excusa para haber creado una fuerza paramilitar en el ICE que se despliega para aterrorizar a la población civil, especialmente a cualquier persona de color. Como argumentó Sonia Sotomayor, jueza de CSJ, en su opinión disidente en el caso Noem v Vásquez Perdomo, “el Gobierno y ahora la Corte Suprema han declarado que todos los latinos, sean o no ciudadanos estadounidenses, que trabajen en empleos con salarios bajos son presa fácil para ser detenidos en cualquier momento, sacados de su trabajo y retenidos hasta que proporcionen pruebas de su situación que satisfagan a los agentes”. Las ocupación virtual de Minneapolis por parte de los agentes del ICE, y los despliegues previos en ciudades como Los Ángeles y Portland, se realizan bajo el pretexto constante de una “emergencia”, que, como señaló Carlos Nino en el contexto argentino, suele ser la forma en que mueren las libertades.

Las detenciones y los intentos de deportación de Ozturk, Mahdawi, Khalil y otros siguen un guion diferente, pero igualmente siniestro. La administración utilizó la cortina de humo del antisemitismo para atacar a estos estudiantes extranjeros que habían escrito o desempeñado papeles visibles en las protestas universitarias sobre Palestina.

"En un país construido sobre la inmigración, la crueldad de la agenda etnonacionalista del Ejecutivo es asombrosa.."

Junto con la Asociación de Estudios sobre Oriente Medio, la Asociación Americana de Profesores Universitarios (de la que soy miembro) impugnó estas medidas y el juez William G. Young, nombrado por el presidente Ronald Reagan, dictaminó el año pasado que la administración Trump había perseguido ilegalmente a los estudiantes para deportarlos basándose en sus opiniones, en particular su oposición al gobierno israelí y sus operaciones militares en Gaza.

En memorandos internos desclasificados por Young durante enero de este año, los funcionarios reconocieron que no existían motivos para deportar a los estudiantes, salvo una ley de 1952 que permite al secretario de Estado considerar deportables a los no ciudadanos por razones relacionadas con la política exterior. Además, la elaboración de los expedientes contra ellos se basó en la revisión de los nombres que figuraban en dos infames sitios web —Canary Mission y Betar US— que identifican y publican la información personal de manifestantes pro palestinos y han dado lugar a graves incidentes de doxxing. Sin pruebas, Rubio afirmó repetidamente que eran terroristas que habían apoyado a Hamás, lo que ellos negaron.

Los demandantes argumentamos que las detenciones eran inconstitucionales en este caso concreto y tenían un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión académica en los campus universitarios del país. El juez Young estuvo de acuerdo y calificó las acciones de Marco Rubio y Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, como una “conspiración inconstitucional” para socavar los derechos de libertad de expresión de miles de académicos no ciudadanos.

El 22 de enero de este año, el juez Young ordenó que cualquier intento futuro de deportar a miembros de la Asociación Americana de Profesores Universitarios o de la Asociación de Estudios sobre Oriente Medio —las organizaciones que habían presentado la demanda— pueda ser impugnado inmediatamente ante los tribunales, y que la administración esté obligada a demostrar que no se trata de una represalia contra los miembros por sus opiniones o su trabajo académico.

Estos casos son independientes, pero están relacionados con las disputas entre la administración y varias universidades, incluida Harvard, que han visto recortada su financiación para la investigación científica o han sido amenazadas de diversas maneras. El presidente Trump ordenó a las agencias que vigilaran las protestas y reprimieran cualquier conducta que pudiera considerarse antisemita como parte de una campaña más amplia contra las universidades. Por supuesto, no existe ninguna relación racional entre las medidas para combatir el antisemitismo verificado y la eliminación de la investigación científica que salva vidas.

En una carta enviada a Harvard en abril del 2025, Trump exigió que cambiara sus prácticas de contratación y admisión, suspendiera los programas de “diversidad, equidad e inclusión” y modificara las políticas disciplinarias para los estudiantes con el fin de abordar las protestas sobre Palestina. Harvard se negó y, en cambio, presentó una demanda contra la administración Trump. Sin embargo, como parte de la adaptación a este nuevo contexto, Harvard y muchas otras universidades acordaron adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que equipara las críticas a Israel con el antisemitismo.

El efecto ha sido enfriar el discurso en toda la universidad. Entre las muchas medidas teóricamente dirigidas a abordar el antisemitismo, se despidió a los codirectores del Centro de Estudios sobre Oriente Medio; se cancelaron las clases que pretendían traer a médicos que habían sido voluntarios en Gaza, y los estudiantes y profesores que protestaban por Palestina, incluso en silencio, se enfrentaron a diversas consecuencias. En diciembre de 2025, la directora del Centro François-Xavier Bagnoud para la Salud y los Derechos Humanos, Mary Bassett, fue destituida sumariamente por el decano de la Escuela de Salud Pública TH Chan por tener un programa sobre Palestina y escribir sobre la salud y los derechos humanos en ese país.

"La aplicación de las leyes de inmigración se utiliza ahora como excusa para haber creado una fuerza paramilitar en el ICE que se despliega para aterrorizar a la población civil…"

El impacto de estos despidos y el enfriamiento de la libertad de expresión tanto del profesorado como de los estudiantes ha sido devastador. Y, como era de esperar, ya no se limita a Palestina, sino que se extiende cada vez más a ámbitos relacionados por ejemplo con la diversidad, la equidad, la inclusión y el género.

Ha pasado un año. Ya no llevo la cuenta de los días. Pero la incesante andanada de atropellos y los intentos de normalizar la violencia que se nos muestran continuamente en la televisión, así como las capitulaciones de poderosas instituciones públicas y privadas, en muchos casos han tenido el efecto contrario al que pretendía la administración. Desde Minneapolis hasta Boston, este escenario ha impulsado a mucha gente a actuar colectivamente en resistencia —en los tribunales y en las calles— y a encontrar lo que Hannah Arendt llamó “las condiciones del coraje” necesarias para actuar en el ámbito público, donde lo que está en juego no es la vida individual, sino nuestro mundo compartido.