Escribo estas líneas tras leer el ensayo de Roberto Gargarella “La responsabilidad de nuestras elites económicas” en esta revista (acá). Más allá de cómo se defina a dichas élites, señalaba Roberto que ciertos “economistas lo aceptaron todo, calladamente o como festejantes: la destrucción del Poder Judicial; el vaciamiento de los organismos de control; la burla o la humillación de los más débiles; crímenes cometidos desde el Estado”.

Evidentemente esos economistas son intelectuales orgánicos a los poderes concentrados salvajes que también bajo esa denominación de “élites” son analizados en el informe recientemente presentado en Buenos Aires bajo el título “Repensar Argentina: El Desafío del Desarrollo Argentino” en el que se aludió al “Índice de Calidad de Élites” elaborado la Universidad de St. Gallen. Este se elabora desde 2020 bajo una metodología de análisis que se basa en una amplia cantidad de datos contrastables (148 indicadores), recopilados de diversas fuentes e instituciones internacionales. Allí se definen a las elites como “grupos reducidos y coordinados que gestionan los modelos de negocio que generan mayores ingresos de una economía”. Y explican: “La forma más intuitiva de entender la calidad de las élites es imaginar la economía como un pastel. Las élites de baja calidad aumentan su porción del pastel a costa de quienes no pertenecen a la élite; las élites de alta calidad hacen crecer el pastel en su totalidad para beneficio de todos”. Más allá de que este estudio reporta a, e incluso elogia, una ideología liberal también incorpora elementos de análisis político-institucional, como la relación de la elite con el sector público o la utilización que hacen de su poder las elites. Con ello, y desconociendo la relación global de los sectores más poderosos de ellas, realizan un ranking entre elites nacionales en el que Singapur ocupa el primer puesto, seguido por Estados Unidos y por Japón. Chile es el primer país latinoamericano en el puesto 37. La calidad de la elite de Argentina está entre las últimas de los países evaluados y se coloca en el puesto 104, entre Tayikistán y Honduras.

Podríamos decir que ese diferencial otorga una responsabilidad mayor a quienes realizan negocios y se enriquecen en nuestro país, pero lo cierto es que los menos tontos y más poderosos de ellos están plenamente adaptados (en un rol colonial o dependiente) a una economía global cuyas élites son responsables del aumento de violencias e injusticias. Dichas violaciones a derechos o delitos son consecuencia de la concentración del poder en dicha minorías, que han superado los límites de las personas comunes, incluso los institucionales y en particular los del Estado democrático y social de derecho (y del derecho internacional de los derechos humanos).

En una reciente publicación de mi trabajo y una reedición de otro de Otto Kirchheimer en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales nro. 61 (aquí), se aludía al término con el que en la terrible crisis del capital de 1929 se mencionaba esos grupos concentrados, que lejos de ser élites se identificaban con “rackets” e incluso con las “gangs” tan analizadas por la Criminología sociológica (y combatidas eficazmente luego en el New Deal). Los estudios empíricos de la ciudad de Chicago, la de los “gansters”, analizaba a esas bandas que se organizaban como redes o sindicatos o corporaciones (algo así es lo que define un “racket”) especializadas en algún “negocio” ilegítimo, como la prostitución, el lavado de activos, el contrabando, el juego ilegal, la producción y venta de alcohol y otros narcóticos, la reventa de artículos robados, corrupción de funcionarios y especialmente la protección de esas y otras actividades, en conjunto o reemplazando a la policía. Esas actividades eran “empresas” que llevaban adelante con la intención de monopolizar la oferta y la demanda, lo que ocasionaba episodios de violencia en la lucha por ese “mercado”. Ese fenómeno era mundial, y también fue analizado dentro del proceso de concentración del capitalismo y funcionalización de sus formas jurídicas y políticas que se realizó en la Alemania nazi. Allí los “rackets” que representaban a los poderes salvajes públicos y privados, tomaron el Estado para su provecho, y sin ningún límite político y social (los que fueron eliminados como un estorbo).

Especialmente en ese momento, pero en verdad en cualquier otro y también en el presente, la violencia y su legitimidad vincula a la misma organización estatal y al delito organizado puesto que en definitiva remite a la vieja pregunta de Agustín de Hipona sobre ¿qué es lo que diferencia a un gobierno de una banda de ladrones? Evidentemente la respuesta está en la justicia, o en la legitimidad que no mera legalidad.

Kirchheimer, como Neumann, creía que el nacionalsocialismo era una especie de “no Estado”. Un sistema en que algunos grupos sociales se adueñan del Estado y de sus funciones que se reparten entre sí y eliminan a los “enemigos” comunes como lo son los trabajadores. Estamos a tiempo de detectar el peligro de que las organizaciones delictivas (de cuello blanco o de tipo lumpen) se repartan el Estado y de esta forma lo destruyan desde dentro como “topos” en lo que hace a su legitimidad manteniendo las formas violentas del punitivismo y securitarismo (que se aplican selectivamente y siempre en el propio provecho del grupo).

Señala Kirchheimer en el texto que se republica que en ese cambio de época del capitalismo, vinculado con el triunfo del poder de los “rackets”, la relación de fuerzas entre los grupos sociales, antes base social de la democracia, se ha desplazado en beneficio de algunos capitales más poderosos, los cuales alcanzaron de este modo la disponibilidad inmediata de la violencia estatal. De esta manera esos grupos aumentan su capacidad de violencia. La dominación del Estado alemán por las bandas criminales (del tipo de las yanquis pero con “soldaditos” de uniformes de distintos colores) es la tesis principal de esa influencia y dominio. Estos poderes elitistas, al igual que las bandas de delincuentes, hacen negocios y ofrecen protección solo a los que están dentro y desmedida violencia hacia los de afuera.

No es casual que en la misma fecha en que se escribe este trabajo, en 1941, Bertolt Brecht (de quien se presenta estos días en Buenos Aires su muy necesaria y relacionada estos temas Opera de los tres centavos) escribe la obra teatral La resistible ascensión de Arturo Ui, en la que cuenta el ascenso al poder de Arturo Ui, descrito como un típico mafioso de Chicago en los años 1930: lo hace tras controlar el negocio de la seguridad mediante la extorsión y con el monopolio de la venta de coliflor, cosa que logra a través de la eliminación despiadada de toda oposición. La relación entre esos sindicatos del crimen y el gobierno de los nazis es evidente (Ui es Hitler, su mano derecha Ernesto Roma es Ernst Rohm, Emanuele Giri es Hermann Goring, el trust del coliflor pueden ser los terratenientes prusianos, el destino de la anexada ciudad de Cicero es el de Austria, y el incendio en el almacén es el incendio del Reichstag).

En verdad, y pensando en los terribles acontecimientos europeos de hace casi cien años, pero también en el presente, podría pensarse en esas prácticas de relación interpersonal no solamente como una nueva técnica jurídica sino como una ausencia de ésta y el regreso a viejas formas propias de la edad feudal. En cualquier caso, tanto en ese entonces como ahora, es fácil ver el parentesco de estas formas de “no Estado” con las formas de las bandas delincuenciales. Esas formas terriblemente sobrevuelan (y reemplazan) a las de la política. Cómo sucede eso es más complejo. Sostuvo Horkheimer que “No es que los gánsteres hayan irrumpido en Alemania y se hayan atribuido el dominio sobre la sociedad, sino que la dominación social, de acuerdo con su propio principio económico, deja paso al dominio de los gánsteres”.

Ello no sucede por imposición sino como consecuencia de las crisis del propio capital y sus efectos sobre los individuos. Como dice Kirchheimer, y con ecos que asustan hacia el presente: “Los alineamientos sociales transitorios pueden encontrar expresión en la repentina aparición de nuevos grupos sociales. El empobrecimiento de la clase media independiente puede crear grupos especiales de presión, formados por personas interesadas en recibir pensiones. El desencanto del mundo puede producir nuevos grupos religiosos que concentren sus esfuerzos en algunos rasgos especialmente reprobables de un mundo sometido a una mecanización radical. Pero en la mayor parte de los casos su acción no alcanza el nivel político; desaparece en el vasto mar de descontento informe reservado hasta el día del ajuste de cuentas final”.

Según Kirchheimer, el régimen nazi logra concentrar esas desilusiones individuales y elimina luego el plano formal legal del Estado democrático y lo sustituye por una pura dominación de bandas criminales. La disolución de la contradicción entre individuo y colectivo se hizo en beneficio de la dominación de grupos en el capitalismo monopolista, lo que es condición material de la dominación autoritaria posterior. El Estado se ha convertido en órgano exclusivo de los grupos capitalistas más fuertes y ejercen el poder con directos malhechores. “La fuerza más característica de las que han estado operando para producir cambios en las relaciones de los imperios de los grupos es el fascismo. Destruyó por entero la organización de todos los grupos “indeseables”, comenzando por las organizaciones obreras. Emprendió después la tarea de ampliar la esfera del control ejercido por organizaciones reconocidas como “legítimas”. Se amplió y ensanchó enormemente la autoridad del Estado, de la que se invistió a aquellos mismos grupos, sobre la base de la inclusión coactiva de quienes no eran miembros de ellos. Fueron aniquilados los últimos vestigios de libertad societal, precariamente mantenidos por la coexistencia de organizaciones rivales con un amplio margen de fricción entre los grupos”.

Destaco algunos párrafos del texto de Kirchheimer que nos ponen en alerta sobre nuestro presente y los peligros de derivas autoritarias de unas élites que no quieren reconocer su responsabilidad criminal. No aporta solo esa terrible actualidad el texto en punto al dominio del Estado por la banda de delincuentes económicos y de mera violencia, sino que también da criterios de actualidad en cuanto a sus pautas culturales como cuando dice que “El puñado de personas que disponen de los medios de producción, emulado en tiempos más recientes por los ‘profesionales de la violencia’, muestra su exaltado rango entrando en una competencia por la máxima individualización posible de las pautas de consumo”. Ese consumo ostentoso es también típico de las bandas, que evidentemente están en relación con el capital que convenientemente usa para sí las herramientas de gobierno. Señala Kirchheimer que el dominio de las grandes empresas sobre el Estado les produce beneficios más allá de la eliminación de la representación de los intereses de los obreros. “En Alemania, donde los grupos privados abarcaron en época relativamente temprana casi toda la esfera de la producción, el gobierno nazi transfirió a la administración autónoma de los grupos todas las múltiples tareas que se fueron presentando en sucesivas etapas de la política de rearme, autarquía y conquista del mundo”. Pero señala Kirchheimer que “Tal como van las cosas, el beneficio diferencial conseguido por los grupos dirigentes de Alemania por el hecho de ser los primeros llegados a ese campo, está llamado a desaparecer. Vuelven a ser inestables los cimientos del acuerdo entre los imperios de grupos, cuyo cumplimiento imponen los “profesionales de la violencia”. Ya no están unidos entre sí sino por el interés común de los grupos “legítimos” en suprimir a los “ilegítimos” o “indeseables”, y es bastante dudoso que se pueda mantener la supresión, una vez que el sistema que la aseguraba ha sido quebrantado de modo fundamental”.

Hoy en día, el problema podría ser aún mayor si se reconoce que las nuevas corporaciones que se basan en acciones criminales para eficientizar las ganancias y cumplir sus intereses particulares son ahora corporaciones multinacionales (y especialmente financieras, influyentes sobre las extractivas, las mediáticas y las judiciales y policiales). Y que están en directa vinculación con la ilegalidad en los delitos de mercado y especialmente en el lavado de activos. El delito en general se financiariza y culmina con la deuda y formas más o menos legalizadas de extorsión y chantaje, a la que someten a la mayor parte de la población y a los mismos Estados. A los que ahora probablemente se disponen a ocupar, sin duda también porque se han vaciado de justificación y sentido político.

Esa responsabilidad macrocriminal es la de las élites o poderes salvajes concentrados. Y es la que si no la exigimos social e institucionalmente (con más urgencia para que dejen de realizar esas prácticas que para que sufran un castigo por sus efectos), puede llevarnos (como nos ha llevado) a terribles consecuencias para nuestra vida en la Argentina y el planeta.