La prisión preventiva (PP) en América Latina es, por un lado, un instituto fácil de definir, y por otro, un fenómeno complejo de analizar e interpretar. Esto significa que resulta simple de caracterizar: en la práctica, se relaciona con la potestad que tienen los actores judiciales de predecir el comportamiento futuro de las personas procesadas. Dicho de otro modo, se trata de un poder para prever el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Ahora bien, si se explora más detenidamente, observamos que estas predicciones parecen estar ligadas más a la incapacitación que asegure el desarrollo del proceso con regularidad, y no tanto a la posibilidad de demostrar la existencia de alguno de los riesgos procesales. Incluso, si se evalúan las consecuencias de la aplicación del encierro preventivo confirmamos cuán dolorosas resultan: mayor hacinamiento y peores condiciones penitenciarias, dificultades para utilizar otras medidas cautelares que eviten el encierro, injerencias poco deseables de parte de actores políticos sobre los tribunales sumado a la exacerbación por parte de la prensa de discursos que exigen una utilización amplia de la misma.
Teniendo en cuenta esta situación, presentaremos y problematizaremos determinados abordajes provenientes de las ciencias sociales acerca de sus causas y efectos a nivel general. Luego ofreceremos nuestra postura al respecto que, sirviéndose de Michel Foucault, trata de concebirla no sólo por su carácter opresivo, sino a partir de los vínculos que produce hacia el interior de la justicia penal.
La prisión preventiva como instrumento
Desde las ciencias sociales se ha buscado describir y explicar el fenómeno de la PP, especialmente a partir de procesos que exceden el ámbito judicial. Esta perspectiva está arraigada en un presupuesto que es el de considerar a la medida cautelar mencionada como un instrumento de dinámicas más amplias que son las que le adjudican su lugar como herramienta de control. Un ejemplo de esto es el trabajo de Bernard Harcourt (2012, 2013), para quien la PP debe pensársela en relación al nacimiento y la implementación de métodos actuariales hacia el interior de la justicia penal, con los cuales se ha buscado predecir el comportamiento delictivo de personas concretas para luego suministrar medidas punitivas específicas.
Respecto al caso de América Latina podemos mencionar el planteo de Raúl Zaffaroni (2006), según el cual se viene propagando en la región lo que define como “autoritarismo cool”, cuya característica más relevante es el encarcelamiento de personas que son jurídicamente inocentes. Este autor sugiere que el sistema punitivo en la región se pone en práctica mediante el uso de técnicas de neutralización para personas aparentemente peligrosas, lo que en los hechos consolida un derecho penal de peligrosidad presunta. Sustentándose en esta supuesta peligrosidad, se aplican castigos para el número más alto de la población encarcelada sin que existan fallos condenatorios. Como consecuencia, las garantías tradicionales del derecho penal liberal vinculadas a los Principios de Inocencia y Legalidad son dejadas de lado, apareciendo en su lugar sentimientos de miedo y venganza frente a la figura del enemigo. En definitiva, así como Harcourt situaba la aplicación de la PP en tanto producto de métodos actuariales en la justicia penal, Zaffaroni la ubica como una técnica de la que se echa mano en un contexto de “autoritarismo cool” en el que rige un derecho penal del enemigo para el cual, aquellas personas señaladas como riesgosas, tienen una presunción de culpabilidad y no de inocencia.
Máximo Sozzo (2007), al analizar la combinación entre los ejes discursivos y las prácticas concretas respecto de la prisión —especialmente en Argentina-, ubica el aumento del uso de la PP como uno de los indicios del ascenso del populismo punitivo. Hablamos de combinación, debido al énfasis que pone el autor por definir en términos de “economía mixta” la cárcel actual, dado que oscila entre un declive del proyecto normalizador, disciplinario o correccional, y otro ascendente de tipo securitario. Según Sozzo, a lo largo de las últimas décadas han surgido en aquel país una serie de transformaciones que dieron lugar a un fenómeno que puede considerarse como populismo penal (Bottoms, 1995; Garland, 2001). Uno de los elementos más importantes en este fenómeno es el cambio en la retórica y la legislación sobre el control del delito junto a la función que detenta la prisión. En especial, el crecimiento sostenido de la población encarcelada, crecimiento que presenta altos índices de presos sin condena. Este gran incremento de presos sin condena es explicado por el autor como una combinación de modificaciones legislativas de corte más represivo junto a una cultura penal que profundiza este tipo de recetas. Por lo tanto, existe una legislación más dura con una organización judicial decidida a aplicarla más rígidamente. Por lo tanto, la PP, su uso en principio desmedido, incluso su legitimidad simbólica en la sociedad, es interpretada como uno de los indicios del advenimiento del populismo punitivo.
Repensando la prisión preventiva
Las contribuciones desde las ciencias sociales que acabamos de presentar son algunas de las que han venido configurando el problema de la PP en América Latina, las cuales tienen la particularidad de evaluar los diferentes procesos y efectos que ocasiona la utilización del encierro preventivo desde un enfoque restrictivo. Esto significa que, aún con propósitos distintos, caracterizan a esta medida cautelar sólo por los perjuicios que genera al ser aplicada. Tal como lo sugería Foucault (2002) acerca de los discursos sobre la sexualidad en la época moderna, también para el encarcelamiento preventivo parece existir una “hipótesis represiva”1 que atraviesa los estudios que se han hecho sobre este tema. Con esto queremos decir que resulta un equívoco enfatizar únicamente en los efectos negativos que provoca este instituto del derecho procesal penal, desatendiendo buena parte de las relaciones que produce y consolida.
El límite dentro de las ciencias sociales
Podríamos sugerir incluso que este tipo de enfoques le quita especificidad al problema de la PP, al menos tal cual nos proponemos abordarlo. Esto último sucede porque el fenómeno del encierro preventivo es reenviado a variables que lo muestran como un reflejo de procesos externos al ámbito judicial, variables que revelan influencias de dos tipos de formulaciones. La primera de estas formulaciones considera que el encarcelamiento preventivo es una herramienta con la que se busca neutralizar a grupos o poblaciones excedentes que proliferan debido a los cambios estructurales en el mercado laboral. En este sentido, se observa una afinidad con diagnósticos de autores como Loic Wacquant. Una de las características de su trabajo, que va desde Las cárceles de la miseria hasta Castigar a los pobres, es la de haber desplazado el problema del delito y la criminalización, ubicando a las políticas neoliberales en el centro de la explicación sobre la excesiva tasa de encarcelamiento. En concreto, el sociólogo francés afirma que la caída de las protecciones sociales en los estratos inferiores de la sociedad, encuentra su complemento en el despliegue de un circuito fundamentalmente represivo, “pues a la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia distópica del Estado penal…” (2004: 88). A su vez, Wacquant explora modalidades e identifica dispositivos del ensanchamiento del Estado penal norteamericano, el cual se expande a partir de dos procedimientos fundamentales: uno que busca reajustar los servicios sociales a manera de herramienta de control para los grupos más revoltosos, como por ejemplo la obligación de aceptar cualquier tipo de trabajo, bajo pena de perder el derecho a la asistencia que recibe (workfare). El otro procedimiento tiene que ver con la utilización masiva y sistemática del encierro con el cual se intenta contener –incluso neutralizar– en el ámbito ciudadano los inconvenientes que provoca la falta de trabajo, o su precarización (2010: 48-9; Harcourt, 2011; De Giorgi, 2006). El trabajo de Zaffaroni (2006) que presentamos previamente parece abrevar principalmente en una propuesta como ésta.
La otra influencia de la que se sirven los trabajos que desde las ciencias sociales analizan el uso de la PP es la de abordajes como los de David Garland, en particular algunas premisas que este autor formuló en La cultura del control (2001). En este trabajo, Garland busca dar cuenta de una serie de mutaciones en la penalidad, concebida ésta en sentido amplio, que va de la modernidad a la modernidad tardía. En este proceso se observan un mayor escepticismo frente al ideal rehabilitador; un resurgimiento de sanciones bajo el signo de una expresividad simbólica; las transformaciones en los principios rectores de la política criminal –menos reflexiva y más emocional–; un inusitado protagonismo de la víctima –principalmente en términos discursivos–; la aparición del público como aquel que debe ser resguardado; y, como correlato, la electoralización de la cuestión criminal y la justicia penal. En el análisis que hace el autor escocés del campo del control del delito en Gran Bretaña y EEUU, asevera que entre 1890 hasta 1960 existió una confianza plena en la justicia penal para lograr derrotar al delito, apuntalada por un programa correccionalista cuyo axioma fundamental era el de rehabilitar a quienes habían trasgredido la ley. Pero, promediando la década de 1970, esto comienza a atomizarse dando lugar a una nueva configuración del fenómeno: la policía, la politización de la política criminal, el papel de la experticia, los nuevos soportes comunicacionales, y la víctima como figura simbólica, dejan de ser lo que eran, por lo que actores, relaciones y posiciones en el referido campo del control del delito necesitan ser revisadas (Pratt, 2007; Zimring, 1996). Para quienes utilizan este tipo de planteo al evaluar el uso de la PP en el contexto latinoamericano, como es el caso de Sozzo (2007), dicha medida es un emergente de los cambios ocurridos entre los respectivos actores, relaciones y posiciones, tal cual lo asevera Garland.
La prisión preventiva como consecuencia
Tal como lo adelantamos, en las diferentes perspectivas que señalamos a lo largo de este breve trabajo, lo que se percibe es la intención de analizar al encierro preventivo, su incremento en especial, como un elemento que solo cumple funciones negativas hacia el interior de un régimen jurídico penal, y no como una práctica concreta que genera relaciones y compromisos entre actores judiciales y no judiciales. En términos de Bruno Latour (2008), los enfoques que mencionamos proponen considerar a la PP como un intermediario, es decir, como un factor que simplemente traslada un impulso o una “fuerza social” sin modificarlos. Por lo tanto, si estamos en condiciones de conocer la funcionalidad del encierro preventivo, sea en el neoliberalismo o en el populismo punitivo, podemos derivar de ello la explicación del encierro preventivo en su conjunto.
Nosotros asumimos una posición distinta frente a la PP, y es la de definirla no sólo por su aspecto opresivo, sino también por lo que produce, es decir, por lo que es capaz de articular. Y para desarrollar nuestra posición es necesario identificar los diferentes quehaceres y relaciones que origina la PP, por un lado, entre los mismos actores judiciales, y por otro, entre dichos actores judiciales y determinados actores extrajudiciales. Esto significa que no podemos comprender el papel que cumple la PP si sólo nos limitamos a la hipótesis represiva que identifica únicamente las prohibiciones, los rechazos, las censuras y las denegaciones que ocasiona esta medida cautelar (Foucault, 2002)2.
Más allá de no negar las secuelas perjudiciales que desencadena la utilización del encierro preventivo en concreto, se debe analizar a la PP a partir de las asociaciones que hace posibles entre actores judiciales en los expedientes y en las audiencias. Esto último implica que la medida cautelar en cuestión no podría circular como circula si no fuese producida por medio de justificaciones, críticas, tomas de posición y decisión, a partir de los intercambios que se realizan hacia adentro del Poder Judicial, y entre los actores del Poder Judicial y el campo de la política o los medios de comunicación. La PP no es solo un instituto que cumple un papel instrumental al servicio de intereses clasistas, ni es un instituto “fungible” cuyas competencias podrían ser desempeñadas por cualquier otra decisión judicial. Para que el encarcelamiento preventivo exista como existe, resulta necesario que los operadores jurídicos hagan algo con él, que lo utilicen para validar sus resoluciones de cara a la comunidad en general. Parafraseando a Latour (1992, 2008)3, sugerimos que la PP no es tanto una sustancia sino más bien un movimiento, porque a diferencia de lo que parece proponer la hipótesis represiva que describimos previamente, las características que se le atribuyen a la PP son una consecuencia de la acción colectiva dentro y fuera del Poder Judicial.
A modo de cierre
La perspectiva proveniente de las ciencias sociales sobre la PP la ubica como producto de procesos más amplios, considerándola un instrumento de dinámicas estructurales que se generan en esferas lejanas a la institución judicial. En consecuencia, dicha medida cautelar no es tenida en cuenta como un objeto de estudio en sí mismo, sino como un fenómeno que emerge a partir de otros motivos “reales”, que son los motivos que le confieren su papel en tanto herramienta de control.
Desde nuestro punto de vista, la PP debe definirse primordialmente por lo que produce, por lo que está en condiciones de generar, para lo cual es imperioso rastrear las tareas y las relaciones que motiva, por un lado, entre los mismos actores judiciales. Aquí es importante preguntarse cómo argumentan estos últimos acerca de la solicitud, aceptación o denegación de la medida cautelar en los expedientes o en las audiencias. Pero también es imprescindible, por otro lado, explorar qué vínculos genera la PP entre los actores judiciales y determinados actores extrajudiciales como la opinión pública, las autoridades políticas o los medios de comunicación.
Bibliografía
- De Giorgi, A. (2006). El gobierno de la excedencia, Traficantes de sueños, Madrid.
- Foucault, M. (2002). Historia de la sexualidad, Siglo XXI, Bs. As.
- Garland, D. (2001). The culture of control, University of Chicago Press.
- Harcourt, B. (2011). The Illusion of Free Markets, Harvard University Press.
- Harcourt, B. (2012). Punitive Preventive Justice A Critique, in Andrew Ashworth and [Lucia [Zedner, eds., Preventive justice, Oxford University Press.; University of Chicago Institute for Law & Economics Olin Research Paper No. 599; U of Chicago, Public Law Working Paper. n° 386.
- Harcourt, B. (2013). Política criminal y gestión de riesgos. Genealogía y crítica, Ad-Hoc, Bs. As.
- Latour, B. (1992). Ciencia en acción, Labor, Barcelona.
- Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos, Siglo XXI, Bs. As.
- Latour, B. (2008). Reensamblar lo social, Manantial, Bs. As.
- Latour, B. (2010). The making of Law, Polity Press, Cambridge.
- Pratt, J. (2007). Penal Populism, Routledge, London.
- Sozzo, M. (2007). “Populismo punitivo, proyecto normalizador y ´prisión depósito´ en Argentina”, Nueva Doctrina Penal, n° 2, Del Puerto, Bs. As., pp. 527-578.
- Wacquant, L. (2004). Las cárceles de la miseria, Manantial, Bs. As.
- Wacquant, L. (2010). Castigar a los pobres, Gedisa, Barcelona.
- Zaffaroni, E. (2006). El enemigo en el derecho penal, Ediar, Bs. As.
- Zimring, F. (1996). Populism, Democratic Government, and the Decline of Expert Authority: Some Reflections on Three Strikes in California, Pacific Law Journal, 28, p. 243-256.]()
La expresión “hipótesis represiva” utilizada por [Foucault en el primer volumen de La historia de la sexualidad nos parece provechosa para resumir en líneas generales los trabajos que se han hecho sobre la PP. ↩︎
Sugerir la idea de una hipótesis represiva sobre la PP no significa soslayar algunos efectos que las perspectivas presentadas a lo largo de este artículo mencionaron y que podrían considerarse “efectos positivos” de la PP. Ejemplo de lo dicho podría ser que la PP produce más juicios abreviados, produce más hacinamiento penitenciario, etcétera. Sin embargo, en la explicación de estos “efectos positivos” se prescinde de lo que estructura nuestra tesis: las relaciones que esto último genera entre actores judiciales entre sí, y entre estos y actores extrajudiciales. ↩︎
Así como lo propone [Latour para lo social, nosotros creemos que se puede plantear para la PP: “El adjetivo “social” designa dos fenómenos por entero diferentes: es a la vez una sustancia, una especie de materia y también un movimiento entre elementos no sociales. En ambos casos, lo social desaparece. Cuando se lo toma como un sólido, pierde su capacidad de asociar; cuando se lo toma como fluido, lo social nuevamente desaparece porque destella solo por un instante, justo en el momento fugaz en el que nuevas asociaciones están amalgamando lo colectivo […]. Lo social solo es rastreable cuando está experimentando modificaciones” (2008: 227). ↩︎