El sistema de gobierno peruano se distingue de los demás sistemas de la región por tres razones: primero, porque, a diferencia de estos, incorpora, prácticamente, desde sus orígenes, figuras del sistema de gobierno parlamentario en un sistema de base presidencial; luego, porque ese proceso fue incremental y se basó en un fin noble: evitar la concentración del poder en cabeza del presidente; y, finalmente, porque dio origen a una dinámica que, en lugar de “contrapesar” el poder del Gobierno o el Congreso, optimizó sus rasgos distintivos (sus garrotes) en función del fenómeno del gobierno dividido. En otras palabras, es un sistema que, dependiendo de la correlación de fuerzas al interior del Congreso, actúa ya sea como un hiperpresidencialismo o como un presidencialismo (en ocasiones) extremadamente débil1.
Hemos arribado a este escenario producto de diferentes hitos o etapas. En nuestra investigación identificamos los siguientes: el debilitamiento de la figura presidencial para evitar —en sintonía con el “sentido común liberal” de la época"— la emergencia de un monarca republicano. Luego, la incorporación acrítica de injertos del sistema de gobierno parlamentario para moderar los excesos de los caudillos militares. Y, por último, el fortalecimiento de la figura presidencial para evitar que se generen escenarios de inestabilidad que pongan en riesgo el régimen político en su conjunto.
En la presente investigación buscamos explicar en qué consiste este proceso. Y cuáles han sido los pilares —políticos e ideológicos— en los que se basa. Así, consideramos, a contravía de la posición prevaleciente en la academia2, que el problema trasciende a la ingeniería constitucional y que se remonta a un compromiso con un rasgo en particular del principio de separación de poderes. Nos referimos al principio de solución democrática. Este plantea, en diálogo con la tradición del constitucionalismo norteamericano de finales del siglo XVIII3, que los poderes públicos deben emplear sus armas defensivas para repeler los ataques de los demás. Y estas deben ser equivalentes. Es decir, deben estar en condiciones de generar un efecto inhibitorio que promueva la colaboración y cooperación entre poderes.
Este enfoque estuvo presente, desde muy temprano, en el diseño de las instituciones políticas en el Perú. Prueba de ello son figuras como la interpelación y la censura ministeriales, la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, o la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente y el juicio político. Estas han sido parte de la ingeniería constitucional del Perú desde los inicios de la República y han influido, de manera decisiva, en la gestión de nuestros conflictos y diferencias políticas.
Hemos dividido nuestra investigación en cinco capítulos. En el primero, analizamos cuáles son sus principales variables teóricas. Así, nos referimos al debate sobre la relación entre la parte dogmática y orgánica de la Constitución en el marco del paradigma del Estado Constitucional de Derecho; al principio de separación de poderes y su impacto en el diseño del régimen político; a los sistemas de gobierno, poniendo especial énfasis en la experiencia latinoamericana de los últimos años; y, por último, a la doctrina de la erosión democrática. Consideramos que cada una de ellas se enlaza para explicar el sentido de la Constitución del poder en la actualidad.
En el segundo capítulo explicamos cómo funciona la Constitución orgánica del Perú. Es decir, cuáles son sus figuras más relevantes y como han sido interpretadas por la jurisprudencia, sobre todo, del Tribunal Constitucional en los últimos años. Hemos denominado a este capítulo (en clara reminiscencia a una novela de Julio Cortázar): “La constitución orgánica del Perú. Un modelo para armar”, porque, en efecto, esta se halla aún incompleta, y expresa las inconsistencias de los debates políticos y constitucionales que la precedieron.
En el tercer capítulo analizamos la evolución del sistema de gobierno peruano, desde sus inicios, a principios del siglo XIX, hasta nuestros días. Destacamos en esta revisión histórica la consolidación de un marco de referencia que explica el sentido de sus principales instituciones, y que se ha puesto de manifiesto en las diversas crisis políticas por las que ha atravesado el país.
En el cuarto capítulo discutimos el marco de referencia antes mencionado. Explicamos en qué consiste y cuáles son sus implicancias prácticas. Asimismo, planteamos, como alternativa al mismo, el enfoque del diálogo constitucional. Y desarrollamos sus presupuestos teóricos con base en los aportes de autores como Gargarella, Lafont o Kavanagh.
Por último, en el cuarto capítulo, proponemos algunas medidas para repensar el diseño de la Constitución orgánica. Especialmente, en lo que respecta a las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. Estas medidas buscan superar el problema del gobierno dividido y generar, en armonía con la práctica constitucional histórica, espacios para la promoción de la deliberación pública. Las medidas que proponemos son las siguientes: la renovación parcial del Congreso, la interpelación ministerial ciudadana, y la eliminación de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente.
Al llegar al final de esta investigación consideramos que el principal problema que enfrenta el sistema de gobierno peruano es, esencialmente, de encuadre. No es un problema de instituciones específicas, sino de cómo pensamos estas en un plano más general. En el constitucionalismo peruano este enfoque privilegia la lógica de las armas defensivas. Nuestra imaginación constitucional no nos ha permitido introducir otras variables. No hemos prestado atención, por ejemplo, al rol que nos corresponde asumir a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas, ni a cómo promover la cooperación antes que el conflicto entre poderes. Nuestra energía ha estado puesta en fortalecer ya sea al Congreso o al Gobierno para un hipotético enfrentamiento en el que, al final, quienes más hemos perdido hemos sido nosotros, el pueblo.
Como señala Planas: << Si nuestros gobernantes se hubiesen manifestado respetuosos de las leyes y de las normas constitucionales y de las decisiones institucionales, como el presidente norteamericano, acaso habríamos tenido un modelo próximo al presidencialismo puro. Pero, visto y conocido el poco escrúpulo que han tenido —y tienen— los gobernantes peruanos, derivaría ese régimen, inevitablemente, en una tiranía. El peso del Presidente, transformado en caudillo todopoderoso, requiere mecanismos de control directos y efectivos. Así se generó, en nuestra historia, este modelo que podríamos denominar Ejecutivo monocrático controlado. Sus primeras formas vieron la luz cuando ninguno de los constituyentes de 1979 había llegado al mundo. Probablemente, no habían nacido —siquiera— sus progenitores. Habría que remontar los orígenes de ese Ejecutivo monocrático controlado a la práctica constitucional iniciada durante el primer gobierno de Castilla (1845-51) y a las normas derivadas de esa práctica —registradas en la famosa ley de ministros de 1856— que reglamentó la institución del Consejo de Ministros e introdujo la censura ministerial. Desde entonces hasta hoy podríamos reconocer, en este Ejecutivo monocrático controlado, nuestra “forma de gobierno”. Vid. PLANAS, Pedro. Democracia y tradición constitucional en el Perú. Lima, Editorial San Marcos, 1998, p. 45. ↩︎
En el Perú la discusión se ha centrado, esencialmente, en determinar cuáles serían las instituciones más adecuadas para prevenir el avasallamiento de un poder sobre el otro. Y para responder a esa inquietud se ha tomado como referencia (como caja de herramientas) la tradición parlamentarista. Eso explica, por ejemplo, la incorporación incremental (y muchas veces acrítica) de injertos de dicha tradición para moderar los excesos ya sea del Gobierno o del Congreso. ↩︎
BLANCO, Roberto. Revolución y Constitución. Madrid, Alianza Editorial, 2024, pp. 148 y ss. ↩︎