El presidente Javier Milei llegó al poder prometiendo un desmantelamiento radical de la coacción estatal y defendiendo la libertad individual absoluta. Sin embargo, su gobierno ha desatado una ola de acoso judicial y hostilidad institucional contra la prensa, lo que pone de manifiesto contradicciones inherentes en su agenda política.
En los últimos años, y acelerado por el panorama pospandémico, las sociedades democráticas han experimentado lo que algunos definen como una crisis epistémica: un colapso no solo de la confianza pública, sino también de los mecanismos colectivos utilizados para validar la verdad y la autoridad. En Argentina, esta crisis ha dado un giro radical. Durante décadas, los debates políticos tradicionales oscilaron entre un Estado mínimo, eficiente y gerencial, y uno robusto, interventor y redistributivo. El actual Gobierno, sin embargo, ha introducido una narrativa que ataca la propia legitimidad del Estado, tachándolo de organización criminal.
Este discurso construye un enemigo que lo abarca todo: «la casta», término despectivo que Milei utiliza repetidamente para arremeter contra una supuesta clase de políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas que viven una vida privilegiada a costa del esfuerzo de los argentinos de a pie y trabajadores.
En este marco, cualquier análisis crítico o artículo de periodismo de investigación queda descartado a priori como una defensa funcional de la corrupción de la clase dominante. Paradójicamente, aunque la retórica oficial se posicione como estrictamente antiestatista, el poder ejecutivo ha recurrido repetidamente a la arquitectura punitiva del Estado —concretamente, a las demandas penales por difamación— para censurar e intimidar a las voces disidentes.
El surgimiento del acoso judicial: las demandas SLAPP en la más alta instancia
La manifestación más llamativa de esta paradoja es el recurso frecuente a demandas penales por calumnias e injurias iniciadas personalmente por el presidente Milei contra periodistas destacados. Las acciones legales se han dirigido contra figuras editoriales de relevancia, como Carlos Pagni (La Nación); periodistas de investigación, como Ari Lijalad (El Destape); y comentaristas políticos, como Julia Mengolini (Futurock), cuyo caso llevó al CELE a presentar un escrito de amicus curiae ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Estas acciones se ajustan perfectamente a la definición internacional de «demandas estratégicas contra la participación pública» (SLAPP, por sus siglas en inglés). Lejos de buscar una verdadera reparación jurídica, estas demandas aprovechan la maquinaria judicial para generar graves presiones económicas, emocionales y profesionales a periodistas u otras personas dispuestas a participar en el debate público.
El objetivo subyacente es generar un profundo efecto disuasorio en todo el ecosistema mediático, dejando claro que la cobertura crítica del ejecutivo conlleva costes personales prohibitivos.
Las demandas del presidente se dirigieron contra periodistas que realizaban reportajes de investigación o análisis editoriales sobre asuntos de gran interés público. Estos abarcaban desde valoraciones críticas de las políticas gubernamentales hasta la señalización de supuestas similitudes entre el discurso del partido de Milei y el del partido nazi, pasando por investigaciones sobre el círculo más íntimo y cercano del partido gobernante. Un análisis calificó la relación entre el presidente y su hermana como incestuosa.
Milei consideró que todas estas publicaciones eran extremadamente ofensivas y constituían un ataque directo a su honor, por lo que decidió interponer denuncias penales por difamación. Afortunadamente, el poder judicial argentino, en su mayor parte, se ha resistido a esta oleada. Los jueces federales, aplicando doctrinas constitucionales, desestimaron recientemente las denuncias penales contra Pagni y Lijalad. Los tribunales reafirmaron que el análisis editorial, las comparaciones históricas y la crítica a las decisiones presidenciales están plenamente amparados por la libertad de expresión en una sociedad democrática.
En algunos casos, el Poder Judicial ordenó al presidente que pagara las costas del proceso, lo que pone de manifiesto la estructura clásica de una estrategia SLAPP, diseñada no para ganar en cuanto al fondo del asunto, sino para intimidar y agotar a las voces independientes. Para contrarrestar la estrategia de Milei en el caso Lijalad, el sindicato de trabajadores de la prensa de Buenos Aires (SiPreBa) volvió a publicar exactamente el mismo artículo que había dado lugar a la demanda penal por difamación y lo abrió a firmas. El artículo vuelto a publicar consiguió más de 600 firmas de otros periodistas.
La reacción de Milei ante estos reveses ha sido, en general, redoblar su campaña sistemática de desacreditación de la prensa, lo que incluye insultos e insistir en su cuenta de X en que «no odiamos lo suficiente a los periodistas» («no odiamos lo suficiente a los periodistas», o su acrónimo #NOLSALP, que sus seguidores han adoptado como hashtag en una campaña colectiva para cuestionar la honestidad de cualquier periodista que se atreva a criticar al Gobierno). Más recientemente, ha señalado, insistentemente, tanto en publicaciones de X como en sus apariciones públicas, que «el 95 % de los periodistas son delincuentes».
Estándares jurídicos internacionales: interés público y funcionarios públicos
El recurso al derecho penal por parte de un presidente contra periodistas viola normas fundamentales de derechos humanos internacionales, concretamente el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sentencias históricas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —como Kimel contra Argentina, Álvarez Ramos contra Venezuela y Baraona Bray contra Chile— han establecido un claro consenso jurídico:
- Presunción reforzada de protección: Las expresiones relativas a los funcionarios públicos o a asuntos de gran interés público gozan de un estatus de protección reforzado debido a su papel fundamental en el fomento de una ciudadanía informada y de la rendición de cuentas pública.
- Alto umbral de tolerancia: Las figuras públicas, en virtud de asumir voluntariamente funciones de poder estatal y de tener una gran exposición pública, deben mostrar un umbral de tolerancia significativamente más alto frente a críticas duras, mordaces o incluso profundamente ofensivas.
- Incompatibilidad de las sanciones penales: La protección del honor de un funcionario público debe perseguirse exclusivamente a través de recursos civiles, el derecho de réplica o aclaraciones públicas. Recurrir al sistema de justicia penal para castigar el discurso político es intrínsecamente desproporcionado y perjudicial para la democracia. El mero hecho de que altos cargos públicos inicien procedimientos penales contra periodistas por asuntos de interés público constituye una restricción abusiva de la libertad de expresión, independientemente del resultado judicial final.
Una campaña sistemática: el diagnóstico de la CIDH
Estas acciones judiciales no se producen en el vacío; forman parte de una «batalla cultural» explícita y promovida por el Estado. Durante una reciente audiencia urgente concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en la Universidad de Miami, una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación —entre las que se incluyen Amnistía Internacional, FOPEA, CELS, SiPreBA y CELE— presentó un diagnóstico alarmante sobre el deterioro acelerado del espacio cívico en Argentina.
La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, dirigida por Pedro Vaca, documentó un fuerte aumento de la hostilidad institucional. Esta degradación sistemática se manifiesta a través de múltiples vectores:
- Violencia digital coordinada: los periodistas, especialmente las mujeres, se enfrentan a campañas masivas de acoso en línea, a menudo orquestadas o amplificadas por cuentas oficiales del Gobierno. Por ejemplo, la periodista Julia Mengolini testificó ante la CIDH sobre campañas sin precedentes que incluían imágenes explícitas generadas por IA, amenazas de muerte y la justificación pública de la violencia por parte del ejecutivo.
- Represión en las calles: En el marco de controvertidas medidas de seguridad, como el «protocolo anti-piquete», casi 300 trabajadores de los medios de comunicación han resultado heridos a manos de las fuerzas del orden mientras cubrían manifestaciones públicas. Los fotoperiodistas se han convertido, de hecho, en objetivos para impedir la supervisión externa independiente de las actuaciones policiales.
- Barreras administrativas al periodismo y obstáculos para acceder a la información: El Gobierno ha restringido arbitrariamente las acreditaciones de prensa para acceder a la Casa Rosada, bajo acusaciones de espionaje, y para entrar en el edificio del Congreso con el fin de cubrir el discurso de Milei con motivo de la toma de posesión de la legislatura de 2026. Un decreto presidencial limitó la Ley de Acceso a la Información Pública y cerró de forma abrupta e intervino medios de comunicación públicos fundamentales, como la agencia nacional de noticias Télam, de 80 años de antigüedad, cortando el acceso a información pluralista y a los archivos históricos en todas las provincias del país.
Conclusión: en defensa de los contrapesos institucionales
El caso argentino sirve de advertencia para la comunidad internacional. Demuestra cómo una retórica ferozmente antiestatista y pro-libertad puede coexistir con —y actuar como escudo para— el uso sistemático del poder estatal como arma contra la rendición de cuentas y el debate público. Cuando el poder ejecutivo se impone mediante la estigmatización sistemática y los litigios de mala fe, las instituciones independientes y los marcos internacionales de derechos humanos deben pronunciarse con claridad para preservar los principios fundamentales de la democracia.