Una vez más, la democracia y la Constitución fueron llevadas a las urnas en Brasil. No es, claro, señal de normalidad política. En unas elecciones se espera una disputa entre proyectos políticos distintos, pero que se inscriban en el campo democrático y respeten los parámetros constitucionales básicos. En Brasil, al menos desde 2018, esa premisa viene siendo, como mínimo, tensionada. Jair Messias Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, tuvo un mandato marcado por ataques a las instituciones, a los derechos fundamentales y a la democracia – el núcleo de lo que identifica a la Constitución de 1988. En 2022, en busca de la reelección, traía la promesa propia de los nuevos autócratas de consolidar, en un segundo mandato, un poder absoluto con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aquel año, Brasil tuvo que dar una respuesta profunda sobre qué identidad proyectaba hacia el futuro – la del retroceso autocrático, representada por Jair Bolsonaro, o la identidad emancipatoria traída en 1988 y encarnada en Luiz Inácio Lula da Silva.

La palabra “encarnada” no se usa aquí a la ligera. Es cierto, por un lado, que ninguna constitución cabe en un solo hombre. Pero pocas biografías personales y políticas pueden reflejar mejor la promesa de transformación traída en 1988 que la del hombre que nació en la miseria en el interior de Pernambuco, que migró a São Paulo en la caja de un camión, como tantos nordestinos, que fue obrero y que llegó a la Presidencia sin título universitario. Un hombre que hizo de sus propias privaciones el combustible para dar, él mismo, al proyecto de 1988 la más amplia – aunque inconclusa – implementación de la voluntad constitucional.

Lula encarnó la Constitución de 1988 incluso en sus límites (que algunos podrían llamar defectos). Así como la Constitución se caracterizó por ser profundamente compromisoria – buscando conciliar trabajo y capital, reforma agraria y latifundio, igualdad y propiedad –, también Lula fue, en palabras de algunos comentaristas, “tricampeón mundial de la conciliación”. Ninguno de sus gobiernos se comprometió con agendas radicales – probablemente necesarias – de redistribución del ingreso. Avanzó conciliando élites políticas y masas trabajadoras, pero avanzó como pocos. Y no fueron avances modestos. Brasil redujo sus niveles de miseria, salió en dos ocasiones del Mapa del Hambre de la ONU y llevó la deforestación de la Amazonía a mínimos históricos, todo ello manteniendo una economía pujante.

Así, cuando Lula subió en 2023 la rampa del Palacio del Planalto acompañado de representantes de los grupos sociales que lo eligieron – indígenas, personas con discapacidad, trabajadores, personas LGBTQIAPN+, mujeres –, subía la rampa la propia alma de la Constitución de 1988. Pero la crisis constitucional, como se vio, no estaba resuelta.

El tercer mandato de Lula comenzó con un intento de golpe, respondido con dureza tanto por el Ejecutivo, que impidió su consolidación, como por el Poder Judicial, que responsabilizó penalmente a sus ejecutores y a sus líderes – en particular, a Jair Messias Bolsonaro. Pero el tono político estaba dado, y mantuvo viva la pregunta que parecía respondida en 2022. ¿Cuál es el compromiso de la comunidad política brasileña con la Constitución de 1988?

De un lado, una derecha extremista, de matriz autoritaria, reclamó a lo largo de cuatro años la amnistía de los golpistas, el juicio político de ministros del Supremo Tribunal Federal (no solo por sospechas sobre la relación de algunos de sus ministros con agentes económicos, sino sobre todo por su papel en el combate al golpe), austeridad fiscal contra los derechos sociales y populismo penal contra los derechos humanos. Del otro, una izquierda desmovilizada parecía impedida de soñar, frente a un gobierno con dificultades para gobernar ante un Congreso que lo empujaba hacia la derecha.

No intento aquí explicar las causas del resultado electoral – probablemente son múltiples, y aún queda mucho diagnóstico por hacer. Pero sí quiero formular una hipótesis sobre el significado, para el derecho constitucional brasileño, del proceso que culminó en la reelección de Lula. En esta crisis constitucional profunda – una crisis de identidad de la comunidad política brasileña – el punto de inflexión parece haber llegado en 2026, en el propio año electoral. Fue entonces cuando una reivindicación histórica de la izquierda trabajadora – la misma que forjó a Lula en el movimiento sindical de los años setenta – cobró fuerza y demostró la capacidad popular de luchar por la Constitución. En mayo de ese año, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de enmienda constitucional que reducía la semana laboral de seis días a cinco. Una propuesta que, al principio, no contaba con ningún apoyo en la clase política y era considerada imposible, pero que, de pronto, le dio al pueblo trabajador motivos para soñar. El propio Lula, que observaba el movimiento a distancia, lo incorporó abiertamente, con riesgos concretos de derrota política (y, por lo tanto, electoral). Tras meses de movilización popular, la propuesta sería aprobada por el Senado, por amplia mayoría, poco después de la primera vuelta.

Si en 2022 el pueblo brasileño, parado al borde del precipicio, dudó entre dar un paso adelante o retornar al compromiso emancipatorio, en 2026 la pregunta era si el camino hacia las promesas de 1988 seguía siendo una posibilidad. La respuesta que llegó en la primera vuelta – el primer lugar de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado por golpismo – pareció apuntar de nuevo hacia el precipicio.

Pero tal vez de la derrota aparente haya nacido, otra vez, la voluntad de soñar. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, trabajadores, empresarios – Brasil vio una movilización popular como hacía décadas no se veía, en las calles y en los medios digitales. Una movilización que no era solo por la democracia; era por la Constitución. Y que retomaba la misma promesa constitucional del trabajo digno que, meses antes, había devuelto al pueblo trabajador motivos para soñar.

Sobre los vehículos que lo llevaban por Río de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte y tantas otras ciudades, Lula se ponía de pie sosteniendo la Constitución que, una vez más, parecía encarnar. No solo como un “nunca más” (al autoritarismo), sino como un “que venga más”.

Brasil nunca había visto una remontada en la segunda vuelta de una elección presidencial. Pero fue exactamente una remontada lo que ocurrió. Un grito de una comunidad política que parece haber afirmado aquello en lo que muchos no creían – que Brasil todavía sueña y cree en un compromiso celebrado hace casi cuarenta años.

Tal vez la crisis constitucional todavía no haya pasado. Pero las elecciones de 2026 confirmaron que el camino para superarla quizás esté por delante. Y ese camino está en la lucha del pueblo por su Constitución.