Aunque no soy graduado de la Facultad de Derecho de Yale, he enseñado aquí durante más de cincuenta años. Algunos de ustedes han tomado mis clases. Algunos trabajaron conmigo como asistentes de investigación o de docencia. Otros me han conocido a través de las actividades de esta red.

Pueden imaginar mi estado de ánimo en los últimos diez meses, cada vez que termino de leer el periódico de la mañana. Sorprendido, incluso alarmado, he tenido que enfrentarme al hecho de que casi todo lo que he enseñado está en peligro o, peor aún, abandonado.

Parte de mi angustia proviene del contenido de las políticas del presidente Trump y su impacto en los valores que defiendo. Principalmente, pienso en el ataque de Trump contra las políticas de “diversidad, equidad e inclusión”;¹ la expulsión de funcionarios negros de su administración, como el general Charles Brown, Jr. (ex presidente del Estado Mayor Conjunto), Gwynne Wilcox (NLRB²) y Carla Hayden (bibliotecaria del Congreso); su fijación por erradicar de la vista pública las nobles y mundialmente reconocidas actividades del Movimiento por los Derechos Civiles; y el desprecio presidencial por las denuncias de racismo sistémico. Para que quede claro, Trump no ha pedido un regreso a la segregación instituida por las leyes de Jim Crow. Pero ha expresado su inclinación a aceptar la subordinación racial, legado de la esclavitud que las leyes de Jim Crow han perpetuado.

Sin embargo, mi angustia no es solo por el contenido de las políticas del presidente Trump. En términos más generales, me preocupa la amenaza que sus acciones suponen para la democracia misma. La democracia es un sistema de gobierno que genera libertad política permitiendo que quienes son gobernados elijan a sus gobernantes. Donald Trump fue elegido presidente y, por ello, debemos darle el reconocimiento que merece. Pero, una vez en el cargo, se apoderó del poder que legítimamente pertenece a otros funcionarios electos, incluidos miembros del Congreso y gobernadores de los estados. Al hacerlo, vulneró la libertad política desde la que se eligió a estos funcionarios. El mayor de estos abusos ocurrió cuando usurpó el poder del Congreso para promulgar aranceles y cuando desplegó la Guardia Nacional en California, Illinois y Oregón a pesar de las objeciones de los gobernadores de esos estados.

De manera similar, el presidente Trump ha intentado, mediante la emisión de órdenes ejecutivas, controlar los medios que establecen la elegibilidad para votar y trata de prohibir el voto por correo. Estas son decisiones que la Constitución asigna a los estados, las que de ser usurpadas impedirán que muchos estadounidenses expresen su voluntad a través del sufragio.

Además, el presidente ha socavado la base de elecciones democráticas restringiendo la libertad de expresión y atacando las instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, ha intentado deportar o negar la entrada a Estados Unidos a quienes han hablado a favor de la causa palestina. Los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) y del Control Fronterizo arremetieron contra periodistas y políticos que dan testimonio de ello, debilitando así nuestra capacidad para responsabilizar a estos agentes. Trump ha manipulado el acceso de la prensa a las instituciones de gobierno, y el presidente de la Agencia Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha amenazado a los medios que critican a Trump. La campaña de Trump contra la autonomía de nuestras universidades, lugares de la reflexión crítica, también disminuye la libertad que presuponen las elecciones democráticas.

Así que mi angustia no deriva solo del contenido de las políticas del presidente Trump, sino también de los riesgos que su administración supone para la democracia. Aún más, veo al presidente Trump como un antagonista de la propia idea de derecho y de las cualidades racionales y deliberativas que el derecho aporta a nuestra vida pública. Para Trump, el derecho carece de integridad; no es una fuente de respeto ni admiración, ni siquiera una restricción, solo un instrumento de poder. Utiliza el derecho para recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos o a quienes se atreven a criticarlo. Y no importa si el derecho en cuestión es la Constitución, una ley, o incluso una orden judicial. Aunque accedió, con toda su fanfarronería, a obedecer la orden de la Corte Suprema de “facilitar” el regreso de Kilmar Abrego García desde El Salvador, incluso entonces, como explicó el juez Harvie Wilkinson, Trump manipuló la palabra “facilitar” más allá de su significado habitual, revelando en ello que su declarada disposición a obedecer a la Corte Suprema era puramente una concesión nominal y a regañadientes. Él vilipendia a los jueces de los tribunales de distrito y de circuito que fallan en su contra, llamándolos “lunáticos de izquierdas” y los amenaza con un juicio político.