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  • Quiénes, contra quién, por qué, para qué y cómo son las cinco grandes preguntas que permiten caracterizar las protestas y que atraviesan hoy una disputa, a veces descarnada, por definir quién es «el pueblo». No es un ejercicio retórico ni un asunto exclusivo de las ciencias sociales. La cobertura mediática, la percepción social y los discursos políticos sobre la actual ola de protestas en Europa muestran las profundas consecuencias de esta disputa, no solo para quienes se manifiestan —que pueden convertirse en interlocutores en una mesa de negociación o en sujetos a reprimir—, sino también para los políticos que esperan verse beneficiados o temen resultar perjudicados por las movilizaciones.

    Protesta, huelga, movimiento social

    Empecemos por definir de qué estamos hablando. Una protesta es una forma de acción colectiva, pública y contenciosa mediante la cual individuos o grupos plantean demandas o manifiestan su oposición o desacuerdo frente a decisiones, prácticas o relaciones de poder, con el objetivo de influir en ellas y promover un cambio. Una huelga es una forma específica de protesta que consiste en la interrupción colectiva del trabajo y que se sitúa, por lo general, en el ámbito laboral. Un movimiento social, por su parte, puede organizar protestas y convocar huelgas, pero no se reduce a esos episodios: supone un proceso de acción colectiva más duradero, sostenido por redes, organizaciones, formas de identificación y repertorios de acción compartidos.

    Las protestas que recorren Europa tienen algo en común: expresan, en especial, el malestar de jóvenes que encuentran cada vez más dificultades para construir un proyecto de vida. Con la vivienda en el centro, también la educación, el trabajo y la salud forman parte de las preocupaciones que motivan la salida a las calles. No es la primera vez que vemos una ola de movilizaciones de este tipo. No es la primera vez que asistimos a una ola de movilizaciones de este tipo. Pero ¿qué tienen en común estas protestas y qué distingue el momento actual? Vamos por partes.

    La protesta es un derecho constitucionalmente protegido y una forma de participación política que permite a la ciudadanía expresar demandas e intervenir en los asuntos públicos. No sustituye a las elecciones ni a los mecanismos de participación directa: convive con ellos y puede complementarlos, presionando a las instituciones para que respondan a problemas que no encuentran canales suficientes de representación o de resolución.

    ¿Por qué la gente decide movilizarse?

    No hay una respuesta única. Durante décadas, la sociología y la ciencia política han debatido esta pregunta. Algunas explicaciones buscaron el origen de la protesta en situaciones de privación relativa: la percepción de que existe una distancia injusta entre lo que las personas esperan o consideran que merecen y lo que efectivamente obtienen. Pero la pobreza, la desigualdad o el descontento, por sí solos, no producen protestas. Incluso puede ocurrir que los lugares donde las condiciones de vida son peores no sean aquellos donde más se protesta. Para que el malestar se traduzca en movilización hace falta que una experiencia individual se convierta en un problema compartido, que pueda formularse como una demanda colectiva y que existan recursos, redes y capacidades para actuar. También importa que las personas perciban que la acción conjunta puede producir algún cambio o al menos algo positivo en sus vidas (pertenecer a un grupo, luchar por una causa justa).

    Por eso, además de las condiciones que generan malestar, importa quién consigue articularlo, cómo circula una convocatoria y qué posibilidades ofrece el contexto político. Movilizarse tiene costes —tiempo, dinero, exposición pública e incluso riesgos para la propia integridad—, que varían considerablemente según el régimen político y la respuesta esperada de las autoridades.

    Las organizaciones, los sindicatos, los movimientos sociales y, más recientemente, las redes digitales pueden ayudar a conectar personas, construir demandas y hacerlas visibles. También importa si existen canales institucionales para procesar los reclamos, si el poder está dispuesto a negociar o si, por el contrario, predominan el bloqueo o la represión. En definitiva, la gente no se moviliza automáticamente porque las cosas vayan mal: entre el descontento y la protesta siempre hay un proceso de construcción política.

    Ciclos de protestas

    No es la primera vez que asistimos a un ciclo de movilizaciones que atraviesa fronteras. A finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, las protestas anti-globalización neoliberal, que tuvieron en Seattle uno de sus episodios más visibles, se extendieron a distintas ciudades. Una década más tarde, los Indignados y Occupy Wall Street expresaron el malestar frente a las desigualdades y el funcionamiento de las democracias. La Primavera Árabe, aunque surgida en contextos políticos muy diferentes, formó parte de aquel ciclo más amplio de movilizaciones. Desde 2017, los chalecos amarillos en Francia volvieron a poner en primer plano el descontento social. En 2019, Ecuador, Chile y Colombia fueron escenario de grandes protestas. Hoy Europa parece convertirse nuevamente en uno de los epicentros de una nueva ola.

    Los detonantes son distintos. En Francia y Bélgica, las condiciones de la educación han estado entre los motivos de movilización; en España y Portugal, la vivienda ocupa un lugar central. No se trata de movimientos coordinados pero aparecen preocupaciones comunes vinculadas al deterioro de las condiciones materiales de vida y a las dificultades para sostener las expectativas de bienestar e integración social que durante décadas estuvieron asociadas al Estado de bienestar. Los jóvenes se encuentran especialmente expuestos a estas transformaciones.

    Los estudios sobre movimientos sociales muestran que las protestas que se extienden en un espacio geográfico relativamente delimitado suelen compartir condiciones y actores. A veces, las condiciones para la movilización llevan tiempo acumulándose y lo que falta es un detonante. Es lo que ocurrió con el caso de Maricarmen, cuyo desahucio se produjo tras la compra del edificio en el que estaba su piso por un fondo buitre en España. El problema de la vivienda estaba ahí. El caso —el carisma de Maricarmen, que invitó a los jóvenes a luchar, y su muerte en el hospital días más tarde— hizo visible una situación que muchas personas reconocían como propia.

    ¿Qué hay de nuevo hoy en Europa?

    Cuatro elementos distinguen el momento actual. El primero es la desigualdad generacional, tanto material como política. En sociedades europeas cada vez más envejecidas, los jóvenes no solo encuentran mayores dificultades para acceder a la vivienda, el empleo o unas condiciones de vida estables. También tienen menos peso electoral y, por tanto, menor capacidad de influir en las decisiones públicas. Los sistemas políticos tienden a responder a las demandas de quienes tienen mayor capacidad de incidencia electoral. Esto no significa que los jóvenes carezcan de voz, sino que sus problemas pueden tener más dificultades para traducirse en prioridades políticas. Algunas protestas han sido transversales, pero la dimensiones generacional del malestar es una característica novedosa.

    El segundo elemento es que las protestas se inscriben en una disputa más amplia sobre el papel del Estado. Los proyectos de derecha y extrema derecha impulsan discursos que desacreditan las movilizaciones y cuestionan las políticas de bienestar: quienes protestan serían personas que pretenden vivir sin trabajar o que reclaman privilegios excesivos. A ello se suma la atribución a la inmigración de problemas estructurales como el acceso a la vivienda. La disputa también se expresa en las posiciones de los actores políticos: mientras Marine Le Pen ha defendido a la policía, Jean-Luc Mélenchon se ha sumado a las protestas. No está en juego únicamente la legitimidad de una movilización concreta, sino también qué responsabilidades se atribuyen al Estado y quiénes son considerados merecedores de protección y derechos.

    El tercer elemento es la violencia y, sobre todo, la disputa política que se construye a su alrededor. En las calles ha habido episodios de violencia y grupos reducidos organizados han protagonizado saqueos. En Barcelona y el País Vasco también se han producido llamamientos explícitos al vandalismo. Pero no debe confundirse la actuación de esos grupos con el conjunto de movilizaciones pacíficas que expresan demandas materiales amplias: el deterioro de los centros educativos, las hipotecas de por vida o las dificultades para pagar un alquiler.

    Lo que sí parece estar cambiando es la creciente legitimación de formas de represión que hace quince años resultaban menos aceptables, junto con una mayor presencia de equipamientos policiales militarizados y discursos de orden público que amplifican la amenaza del desorden. En un contexto de polarización tóxica, la violencia puede convertirse en un recurso político: la derecha puede beneficiarse de su visibilidad para alimentar el temor al caos; la izquierda, si consigue instalar la idea de que las condiciones de vida se han vuelto insostenibles, puede encontrar en la protesta una vía para reforzar sus demandas.

    Un cuarto elemento tiene que ver con las condiciones desiguales en que las protestas consiguen hacerse visibles y ser escuchadas. La investigadora Laura Bullón-Cassis, en un estudio reciente sobre los movimientos ecologistas franceses, propone pensar estas condiciones como «infraestructuras de la atención»: el entramado de medios de comunicación, plataformas digitales, tecnologías y dispositivos institucionales que determina qué demandas circulan, cuáles captan la atención pública y quién tiene capacidad para definir los términos del debate. Su análisis identifica una paradoja que resulta especialmente relevante para pensar la protesta contemporánea: mientras los movimientos encuentran cada vez más dificultades para obtener visibilidad y reconocimiento como interlocutores legítimos, sus integrantes están cada vez más expuestos a los sistemas de vigilancia e identificación estatal. Es lo que denomina un régimen de visibilidad asimétrica: invisibles o deslegitimados en el debate público, pero hipervisibles para los dispositivos de control. La cuestión, por tanto, no es solo qué reclaman quienes protestan o cómo lo hacen, sino también quién controla las condiciones para que sus demandas puedan ser vistas, escuchadas y discutidas.

    La protesta es un derecho. Reconocerlo no significa justificar la violencia. Pero reducir una movilización a sus episodios violentos supone descalificar el conjunto de sus demandas y cerrar la posibilidad de diálogo. La violencia debe ser abordada, pero no puede convertirse en una excusa para ignorar los problemas que originan las protestas.

    Y también conviene recuperar cierta perspectiva histórica. Las demandas sociales han sido un motor para la conquista de derechos que han mejorado la calidad y las perspectivas de vida de las personas. Además, no es lo mismo vivir bajo una dictadura que bajo un gobierno cuyas políticas rechazamos. La narrativa de que todo está perdido puede beneficiar a quienes quieren convencernos de que nada puede cambiar. El cambio está en marcha siempre; lo que está en disputa es su sentido.