Los domingos por la mañana hay un programa de radio, “La Pregunta”, con un formato bien interesante. Lo veo poco, aunque me atrevería a decir que es uno de los pocos espacios de reflexión profunda y a puertas abiertas del peronismo. Este domingo, Fede Vázquez preguntaba: ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? . Sus invitados: Raúl Zaffaroni, Graciana Peñafort, Sebastián Rey y Anabella Lucardi. Me entusiasmé: iba a escuchar a la intelectualidad jurídica del peronismo adelantar qué harían con la justicia si ganaran las próximas elecciones. No hubo mucha primicia, pero me tuvieron enganchada.

Al principio les costó hacer foco. Hubo un popurrí de temas que quedaron sin destino: la suba de tasa de encarcelamiento (torpemente comparada con las de México y Colombia), una defensa emocional del garantismo penal (imprecisa, como lo ataques que recibe), y el “lawfare, a la peronista” (¿por qué a nosotros sí, y a los otros no?). Con el caso de Cristina, eso si, tienen un punto fuerte que no se puede negar. No faltaron, claro, los latiguillos contra la Corte: que es como la “mayoría automática” de Menem, que es “adicta al poder económico.” Nadie recaló, as always, en que Menem nombró a todos y cada uno de los jueces de su mayoría automática, mientras que esta corte tiene 2 peronistas entre sus 3 miembros: uno nombrado por el partido, el otro de carrera en el. Igual el zócalo en pantalla avisaba que se hablaba de “El poder de la Corte.”

Finalmente, se hizo foco en una pregunta bien concreta y muy buena: Si asumimos que la Corte de siete de Kirchner fue la mejor y la más prestigiosa que tuvo la Argentina (yo banco la idea de que fue una de las mejores), entonces, ¿Cómo llegamos, sólo 23 años después, a este poder judicial? Nunca me lo había preguntado así, la verdad. Graciana respondió, sin dudar: ¡se degradó la política! y eso degradó la promesa de justicia gestada con la Corte de Néstor.

Es llamativo que ella, legisladora porteña, diga tan claro lo que los actores del sistema político intentan invisibilizar cuando critican al Poder Judicial: que a los jueces los eligen y los nombran presidentes, y los avalan senadores, los que a su vez vienen de los partidos. El sistema político produjo el Poder Judicial que tenemos. Y Graciana, auténtica como siempre, aceleró en esa curva diciendo que todavía estaba esperando, como peronista, que sus compañeros le expliquen por qué votaron, confirmaron y ascendieron a “los jueces del lago escondido”, a los que ella llama “jueces huemules,” y se extendió el argumento a Bonadio, a quien responsabiliza de la forma en que murió Héctor Timerman.

Y entonces Anabella, creo, trajo a colación el espectáculo reciente: el nombramiento como jueza de quine es esposa del juez que, semanas después de ese nombramiento, maniobraría en el sobreseimiento del presidente en el caso Libra. El sistema político al desnudo, creando la justicia a medida y en tiempo real. Recordaron también cuando la Corte Suprema se autodesignó en la presidencia del Consejo de la Magistratura para retomar un control financiero sobre el Poder Judicial que la Constitución del 94 le había sacado. Nadie mencionó, aunque se sobrentendía, las más sonadas vergüenzas de la Corte: las idas y vuelta en el caso de la ley de Tierra y del 2 x 1, y la toma de juramento a un juez nombrado por decreto al que el Congreso echó en menos de un mes (haciendo el control de constitucionalidad que la Corte no). En fin, nada nuevo bajo el sol, ni en lo dicho ni en lo supuesto. Lo interesante fue el diagnóstico de Graciana: que la “degradación de la política” es causa de la “degradación judicial”.

Los tres jueces de la Corte actual se eligieron y designaron igual que aquellos siete (de hecho, uno de los tres es uno de los siete). Entonces, el procedimiento de selección no parece tan crucial para responder la pregunta. Siguiendo el hilo de Graciana, quizás haya que mirar otra cosa: en las últimas décadas, el sistema político convirtió una Corte de 7 en una de 3, y la tensión entre Congreso y Ejecutivo se volvió tan intensa que terminó encerrando a la Corte como “la última culpable”, por lo que decide, por lo que tarda en decidir, por no decidir casi nada. Mi escarceo me lleva a pensar en el papel del propio peronismo en la degradación de esa Corte que el Kirchnerismo había puesto en escena. Fueron matando de a poco la ilusión creada, como un niño que se desilusiona y pisa a su mascota.

Selección de Jueces y periodicidad del mandato

Un rato se encendió la conversa sobre el Consejo de la Magistratura y la selección de los jueces inferiores. Ahí apareció Sebastián Rey. Ante la pregunta de cómo hacer jueces “más imparciales”, apostó por los “mandatos periódicos” en lugar de “la estabilidad” en el cargo, sin argumentarlo, como si apelara a una fuerza hormonal. Después dijo que el Consejo de la Magistratura es una “casta política” y desde ahí reivindicó los viejos tiempos en que todo estaba blanqueado en la selección de jueces, como los de la servilleta. Como hablaba de cosas que necesitarían una reforma constitucional (o una maquina del tiempo que nos lleve a los 90), esperé que llegara la propuesta de “la elección popular de los jueces”. Confieso que me alegró que no apareciera. Los puritos de la mesa, para no traer el tema, mantuvieron el elefante en la sala, pero tapado y quieto. Siempre sospeché que el peronismo, si tuviera la chance y la fuerza política, ahí nomás nos haría votar a jueces en las listas sábana de los partidos.

Rey trajo un argumento interesante, que la mesa apoyó enseguida: la periodicidad en la función judicial podría contribuir a la rendición de cuentas de los jueces. Estoy lejos de creer que la periodicidad genere imparcialidad, claro, pero que ayude a rendir cuentas sí me parece razonable. Sobre todo porque muchos de los abusos de jurisdicción que hoy son un cáncer judicial (la cronoterapia, el cambio de criterio según la cara del cliente, el formalismo que se des-responsabiliza de las consecuencias prácticas, y un largo etcétera) podrían limitarse si hubiera rendición de cuentas. Por ejemplo, con canales de denuncia en una superintendencia del Consejo de la Magistratura: por plazos incumplidos, por decisiones inconsistentes con las propias, por violaciones repetidas al principio de congruencia, y así. Ahora, si la rendición de cuentas de la que habla Rey es sólo la “responsabilidad política ante el partido que nombra al juez”, ahí me salgo de la fila. Si el sistema político nombra jueces que pronto necesitan otro aval partidario, entramos en una horror movie judicial: jueces cumpliendo lealmente lo que le prometieron a su jefe político. Si esa es la rendición de cuentas que Rey tenía en la cabeza (y por momentos lo parecía), paso.

Pero se pueden pensar sistemas de rendición de cuentas judicial sin mandatos periódicos, y sin reformar la Constitución. O bien se la puede reformar para instituir la periodicidad y articular una buena rendición de cuentas, atenuando mucho la influencia partidaria en la designación y la revalidación. Si no, lo que se busca es un reaseguro para que “los Lorenzetti” no sean desleales con quienes los designaron. Reformar la Constitución para eso da escalofríos. Entre los muchos que proponen estas reformas, nunca escuché una aclaración sobre este punto, ni sobre cómo se combinaría la periodicidad con el sistema de selección de jueces. Hay ahí un presupuesto no explícito que promete ser fuente de tensiones.

Segunda Parte: De arriba para abajo

La segunda parte del programa cambió bastante. Llegó Zaffaroni y respondió de frente, en tono marcial: el problema es que “no tenemos un Poder Judicial”. Epa! Yo diría que no tenemos el diseño institucional que él considera correcto. Negarle el rango de poder me parece un giro exagerado (cuando no, el sesgo de una visión hiperjerarquizada y concentrada de como “es” un poder estatal). A continuación vino su propuesta de Reforma Judicial Top-Down…

No me gustaron sus razones, aunque la propuesta no está mal. Sobre todo, devela dónde ve él el problema (y todo lo que no ve). Tiene dos méritos que no se le pueden negar: no se necesita reformar la Constitución (es factible) y podría ganar adhesiones en el sistema político actual (es atractiva para una parte de la casta).

El primer paso que propone es nombrar más jueces en la Corte, a propuesta de los gobernadores (24). Pregona una Corte federal y grande, que además se ocupe directamente de la casación de los códigos de fondo, en salas por temas. Pocas cosas serían más apetecibles para la “casta” política y, a la vez, mejor recibidas por los estudiosos y críticos del sistema judicial. Pero creo que también pocas tendrían un resultado más devastador en términos de ampliación de derechos e inclusión ciudadana. Los gobernadores con influencia sobre la Corte tenderían a hacerla más refractaria a las transformaciones profundas, aún más de lo que consiguen hacer al Senado. Duplicar la impronta del Senado, como sabemos los constitucionalistas, es duplicar el conservadurismo (o enfriar dos veces el café, en términos jeffersonianos). Por suerte, a ningún presidente le ha tentado todavía resignar el poder que le reconoce la Constitución solo para neutralizar al “triunvirato” (así llama Zaffaroni a la Corte actual). Y la defección estratégica del triunvirato está clave para que los ánimos sigan así.

Ampliar la Corte no es mala idea per se (aunque haya ganado mala prensa a lo largo de la historia). Mejor idea me parece la de una Corte ampliada que se aboque sólo a la casación en salas, y no al control de Constitucionalidad. Blanquear y extender la jurisdicción de casación es, hace tiempo, una idea con apoyo mayoritario en el campo. Que lxs encargadxs de casar sean elegidos por los Gobernadores, parece un mix razonable con nuestro federalismo (en esto me convenció Ale Agüero). Pero darle el Control de Constitucionalidad a un grupo de señores feudales es, para mí, una contradicción en términos constitucionales. Para Zaffaroni es solo un costo, si no se puede reformar la constitución. Pero, como siempre, las feministas y las minorías no estamos de acuerdo con ser los costos que nuestros señores están dispuestos a pagar(es difícil olvidar cuando Zaffa resignó el aborto en la Reforma del Código Penal).

Yo también quisiera más jueces, pero no para aliviar la carga de casos de los actuales, con la falaz aritmética con que se argumenta. Los quisiera para ganar diversidad de género, regional, de formación, de clase, disciplinar y, por qué no, racial. Ese sí es un camino de democratización de la justicia. Quisiera más jueces en la Corte, pero no para que cada gobernador quede satisfecho con su porción y acepte así colaborar en el derrocamiento del “triunvirato” (la clave pragmática con la que se ilusiona Zaffaroni). Los quisiera para tener más porciones que dividir por temas, en salas especializadas, y más deliberación en las decisiones. En fin, llegamos más o menos al mismo lugar, por razones distintas.

La otra propuesta top down de Zaffaroni es concentrar en forma piramidal la toma de decisiones judiciales. Y acá yo me voy al mazo. Propone, claro, una regla de precedente muy estricta, que someta a los jueces inferiores a lo que decida la Corte. Y cuando los inferiores quieran controlar la constitucionalidad, un per saltum automático y “asunto resuelto”, dice. En criollo: convertir el control de constitucionalidad difuso en una red de escribanías de la Corte. Así es en todas partes del mundo, nos dice. Otra vez exagera y, sobre todo, descontextualiza e ignora problemas.

En un país con un pasado de dictaduras constantes como el nuestro, la regla del precedente es, como mínimo, polémica. ¿Dónde trazamos la raya? ¿Qué hacemos con la jurisprudencia sobre leyes de facto, dictada por jueces en comisión o nombrados por decreto-ley? Hace décadas que esquivamos ese acertijo. Pero el problema principal de la sujeción jerárquica es otro. Con el bajísimo acceso a la justicia que tienen las minorías y las clases vulnerables en Argentina (uno de los más bajos de Sudamérica), una centralización piramidal empeoraría todavía más la imagen pública del Poder Judicial. El control difuso que tenemos, aun siendo un poco escandaloso, genera algún diálogo y, sobre todo, una tímida percepción de pluralidad. Es, de hecho, el respirador artificial de un Poder Judicial estructuralmente elitista y alejado de la población. Acentuar ese elitismo con más verticalismo y concentración del poder, en este contexto (que Zaffa no considera), apura la toma de la Bastilla.

Basta ver los casos que semanalmente decide la Corte: todas las partes son de clase alta, media alta, y muy excepcionalmente, media baja. El 40% de la población argentina es de clase baja, pero no hay una sola decisión en la semana que involucre a un solo pobre como parte de un conflicto ante la Corte. I rest my case… El sistema respira alguna credibilidad sólo porque los jueces locales e inferiores tienen algún poder, y ese poder es inmediato, útil y flexible. Si una Corte en Buenos Aires, que representa los intereses del señor feudal de la localidad, los priva de ese poder, el sistema eclosionaría.

Me descorazona que ni siquiera el partido opositor, supuestamente popular, tenga una sola idea nueva sobre el problemón del “acceso a la justicia en Argentina”. A la justicia se la ve como un poder opositor a debilitar (dejando vacantes sin cubrir, con críticas socarronas o amenazas, depreciándola con nombramientos viles) o se aspira a que espeje el poder del sistema político partidario o de los poderes federales. No parece relevante decir si van a nombrar al Defensor del Pueblo, o si van a fortalecer la defensa pública para pobres y minorías sofocadas. Mucho menos aparecen ideas sobre restablecer los CAJ desarmados en estos tres años, evitar la cronoterapia judicial en los conflictos de las clases vulnerables o resolver mejor las cautelares por cuestiones alimentarias. Ni mu.

Tengo mi hipótesis de por qué “de esto no se habla” como parte medular de la reforma de la justicia: sirve para mantener la tensión dilemática entre “derrocar a la justicia opositora” y “partidizarla”. Se expone y desnuda la estupidez del conservadurismo reaccionario, de una derecha alienada que domina el imaginario de los operadores de justicia, y se los trata como a una María Antonieta a la que habrá que decapitar en algún momento. Es que reformar las facultades de Derecho para disputar la perspectiva de los actores del sistema, reformar los mecanismos de acceso a la justicia y hacer eclosionar desde adentro el imaginario de los conflictos judiciales, democratizando el sistema de abajo hacia arriba, es una transformación demasiado faraónica. Se abandona la idea antes de mirarla a los ojos. Es mejor mirar para otro lado, o pispear tóxicamente el cuello de María Antonieta.

Hace algunos años el movimiento feminista se planteó una “Reforma Judicial Feminista”, quizás como “causa sucesora” del aborto. No funcionó. Cuando hablamos de una “Justicia Feminista”, lo que disputamos es que las minorías históricamente excluidas sean siempre el costo a pagar para derrocar o reformar la justicia. El enfoque de Zaffaroni muestra claramente que no conseguimos que se nos escuche… todavía.

¿Y Cristina?

La velada matutina terminó, claro, con elucubraciones sobre qué podría pasar si la ONU interviene en el caso de Cristina K. Graciana señaló que una decisión del Comité podría habilitar la revisión de la sentencia por un/a juez/a o cámara (el Código Procesal Penal lo admite). Y con sólo habilitarse la revisión, la sentencia dejaría de estar firme y ella podría presentarse a elecciones, aún antes de que se resuelva. Lo que no se aclaró es como se conecta una eventual medida internacional con la revisión local. Parece que en ONU las cautelares suelen ser para otra cosa, y que el Comité ya dijo que una decisión de fondo le llevaría años. Nadie explicó qué pidió exactamente Cristina en la cautelar, que es lo que haría falta para especular si podría servir para abrir una revisión. Pero vean el programa, vale la pena ponerse a pensar en el asunto.