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  • Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales argentinas perdió más de una quinta parte de su valor en términos reales. El financiamiento universitario cayó del 0,72 % a alrededor del 0,53 % del PBI y, para mayo de 2026, los salarios universitarios habían perdido más de un tercio (34,7 %) de su poder adquisitivo. Estas cifras reflejan una hostilidad hacia la universidad pública que su política de austeridad por sí sola no explica. Sostenemos que Milei, como muchos de sus pares de la nueva derecha en el mundo, trata a la universidad como a una adversaria útil: en su caso, una cara más de “la casta” que dice haber salido a combatir.

    La educación superior pública y gratuita es, sin embargo, demasiado popular en la Argentina como para desafiarla de frente, de modo que su gobierno oscila estratégicamente entre los ataques abiertos a los académicos y el desgaste silencioso de los presupuestos universitarios. Las instituciones argentinas, respaldadas por una amplia movilización pública, usaron todos los canales disponibles para frenar la motosierra, pero fallaron, al menos por ahora, en el último tramo. Las protestas, la legislación y las sentencias judiciales mantuvieron a la universidad pública y gratuita, con un amplio apoyo social, pero no protegieron a estudiantes y docentes de los recortes, que van vaciando lentamente las aulas y los laboratorios de las personas que los hacían funcionar.

    Lo que pasa por la motosierra

    Pocos recortes en la historia democrática argentina fueron tan profundos o tan rápidos. En dos años y medio, los salarios universitarios cayeron por debajo de su nivel de 2002, el punto más bajo de la peor crisis económica del país. Aun después de un acuerdo salarial parcial en junio, siguen alrededor de un 22 % por debajo de su nivel de noviembre de 2023. A la ciencia le fue todavía peor: el gasto público en ciencia y tecnología cayó casi a la mitad en términos reales, hasta cerca del 0,15 % del PBI, el nivel más bajo desde que comenzó la serie en 1972, y desaparecieron unos 6.400 puestos de trabajo del sistema científico nacional, más de 2.000 de ellos en el CONICET. Como buena parte del personal de investigación de dedicación completa de las universidades depende del CONICET, este recorte también recae sobre las universidades.

    Lo que está pasando por la motosierra es un sistema inusualmente igualitario, del que los argentinos y las argentinas están especialmente orgullosos. Las universidades públicas argentinas no cobran aranceles en el grado y, por regla general, admiten a cualquiera que haya terminado la escuela secundaria, sin exámenes de ingreso ni cupos. El resultado es un sistema masivo, sobre todo en los primeros años. En 2023 las universidades argentinas tenían 2,75 millones de estudiantes, casi tres cuartas partes de ellos en instituciones públicas, en un país de 46 millones de habitantes. Según datos de la UNESCO, en 2021 el 41 % de las personas en edad universitaria en la Argentina asistía a la educación superior, frente a un promedio regional del 30,5 %.

    Resistencia en las calles, en el Congreso y en los tribunales

    La educación superior pública y gratuita es uno de los compromisos más arraigados de la democracia argentina. Los aranceles universitarios se suprimieron en 1949, y la reforma constitucional de 1994 incorporó al artículo 75, inciso 19, los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y el de la autonomía universitaria. Generaciones de argentinos y argentinas, muchos de ellos los primeros de sus familias en estudiar, pasaron por estas aulas, y todavía hoy, en 41 de las 57 universidades nacionales, la mayoría de los ingresantes son primera generación de universitarios.

    Ese orgullo tal vez ayude a explicar la fuerza con que la ciudadanía defendió el sistema en las calles, en el Congreso y en los tribunales. Millones de personas participaron en cinco marchas federales por la universidad pública, algunas de las manifestaciones más grandes que vio la Argentina en décadas. En la primera, alrededor de un millón de personas salió a la calle en más de veinte ciudades. Todas las universidades nacionales salvo una adhirieron formalmente a las protestas, y gobernadores de todo el arco político expresaron su apoyo. Semejante expresión en la esfera pública le dejó poco margen al gobierno, e incluso Milei se sintió obligado a declarar su propio compromiso con la universidad pública y gratuita.

    Ese consenso llegó también al Congreso. En 2025 sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba los salarios universitarios y las becas estudiantiles, y cuando el presidente la vetó, ambas cámaras insistieron con las mayorías de dos tercios que exige la Constitución. El Congreso no insistía frente a un veto presidencial desde 2003. Esas mayorías solo fueron posibles porque muchos legisladores que apoyan las líneas generales del programa de Milei se negaron a acompañarlo en este punto, al igual que muchos de sus votantes. La votación atravesó las líneas partidarias y delimitó uno de los consensos básicos de la sociedad argentina.

    Las universidades llevaron entonces la disputa a los tribunales. Un juez federal ordenó al gobierno aplicar la ley, la Cámara de Apelaciones confirmó la orden y la Corte Suprema desestimó el recurso del gobierno. Sin embargo, la orden no se ha ejecutado. El gobierno sigue apelando, sostiene que un acuerdo salarial parcial equivale a cumplir la orden judicial, y trasladó la disputa al debate del presupuesto 2027 en el Congreso. Más de un año después de su promulgación, la ley todavía no se aplica en su totalidad.

    La universidad como adversaria

    El ataque del gobierno se apoya en parte en el credo libertario de Milei. La universidad forma parte del Estado grande que el presidente dijo sin rodeos que quiere destruir. En junio de 2024 se describió como “el topo dentro del Estado”, “el que destruye el Estado desde adentro”. Desde una lectura libertaria, las universidades y los organismos de investigación son una partida más de un presupuesto que el gobierno quiere achicar, y más fácil de recortar que la mayoría. Pero esa lectura encaja mal en el contexto. El ataque a las universidades no es una peculiaridad libertaria.

    En las últimas décadas, los líderes de la nueva derecha en todo el mundo, más allá de sus diferencias, hicieron de las universidades un blanco predilecto. Donald Trump congeló 2.200 millones de dólares en subsidios federales a la Universidad de Harvard; Jair Bolsonaro congeló el 30 % de los fondos discrecionales de las universidades federales mientras su ministro de Educación denunciaba la “balbúrdia” —el desorden— en los campus. Recep Tayyip Erdoğan echó por decreto a miles de académicos tras el intento de golpe de 2016, y Viktor Orbán forzó a la Universidad Central Europea a irse de Budapest. En todos estos casos, el líder trata a la universidad como a una adversaria: una fuente relativamente autónoma de conocimiento, crítica y prestigio que él no controla.

    Lo que estos líderes comparten quizás quede mejor captado por la estrategia que Murray Rothbard expuso en “Right-Wing Populism” (1992), un texto que se volvió indispensable para entender a la nueva derecha. (Milei bautizó con el nombre de Rothbard a uno de sus cinco perros; a uno de los vivos, se entiende, no al perro muerto que, según se dice, el presidente considera todavía presente). Para Rothbard, la clase dominante incluye una “nueva Clase de tecnócratas e intelectuales, incluidos los académicos de la Ivy League y las élites mediáticas, que constituyen la clase formadora de opinión de la sociedad”. Persuadir a esa clase no tiene sentido, argumentaba Rothbard, porque “las élites intelectuales se benefician del sistema actual; en un sentido crucial, forman parte de la clase dominante”. La tarea consiste entonces en exponer “cómo nos están estafando” y llegar a las masas directamente, “para hacer un cortocircuito entre los medios dominantes y a las élites intelectuales”. La retórica del gobierno argentino sigue este guion al pie de la letra: describe a las universidades como “centros de adoctrinamiento” (Milei como candidato, en 2022), a la educación pública como “lavado de cerebro” (abril de 2024), a la universidad pública como una que solo sirve a los ricos, y a las autoridades universitarias que rechazan las auditorías como “ladrones”. Milei representa una versión extrema de esta corriente, y los académicos ocupan un lugar central en su relato sobre “la casta”, de un modo que poco tiene que ver con el tamaño del Estado.

    Entre el ataque abierto y el desgaste silencioso

    En una democracia, un gobierno puede defender un Estado más chico, el arancelamiento, los exámenes de ingreso o un modelo distinto de educación superior. Este gobierno no hace nada de eso. Ataca de frente a las universidades y a los académicos, presentándolos, como lo haría Rothbard, como una élite que estafa al contribuyente, y les recorta los fondos año tras año.

    Sin embargo, Milei prometió más de una vez que la universidad “va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”. La contradicción es solo aparente. La educación superior pública y gratuita goza de un apoyo tan amplio que el gobierno no puede darse el lujo de cuestionarla abiertamente, así que va contra las propias universidades y contra quienes trabajan en ellas, insinuando que la mayoría son ladrones, aunque nunca del todo, ni todos.

    Junto a los ataques abiertos corre una estrategia más silenciosa, y quizás más eficaz, de desgaste. En 2024 el gobierno no aprobó un presupuesto: prorrogó el de 2023 mientras los precios se multiplicaban por más del doble. La inflación hizo el recorte. No hizo falta ninguna votación, no se modificó ninguna ley, no se cerró ninguna universidad, aunque los salarios y los gastos de funcionamiento alcanzaban cada mes para menos. El mecanismo no es realmente nuevo. Los salarios universitarios también perdieron terreno entre 2015 y 2019 y siguen más de un 40 % por debajo de su pico de 2011 en términos reales; el financiamiento universitario como porcentaje del PBI viene cayendo desde 2017. Gobiernos argentinos de distinto signo dejaron que la inflación ajustara lo que no querían ajustar abiertamente. Lo que cambió en el 2024 fue la escala, la velocidad y el propósito.

    La Ley de Financiamiento Universitario hizo más difícil el desgaste. Una vez que el Congreso legisló y los tribunales ordenaron el pago, el gobierno ya no podía recortar por omisión. Tenía que elegir entre pagar y desafiar abiertamente a los otros dos poderes, y hasta ahora eligió el desafío. Suspendió la ley por decreto (Decreto 759/2025) hasta que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento, una exigencia que surge de su propia lectura de la normativa presupuestaria. Pero además, su proyecto de presupuesto 2027 pide facultades para frenar las transferencias a las universidades que no informen sus gastos al Ministerio de Capital Humano. Al suspender una ley sancionada por encima de su veto e ignorar órdenes judiciales que la Corte Suprema dejó firmes, el Poder Ejecutivo está poniendo a prueba hasta donde lo obliga la división de poderes.

    El desafío abierto pone a prueba la estrategia del gobierno, algo que ayuda a describir la idea de Jon Elster sobre la “fuerza civilizadora de la hipocresía”. Los actores que deben argumentar en público tienen que revestir sus intereses con términos imparciales, y ese revestimiento termina restringiendo lo que pueden hacer. Las marchas, el Congreso y los tribunales construyeron ese tipo de escenario público. El gobierno sigue profesando su compromiso con la universidad pública y gratuita, aun mientras insinúa, en línea con el guion de Rothbard, que todos los que trabajan en ella le están robando, en última instancia, al contribuyente. Cada mes de incumplimiento hace más difícil ocultar la brecha entre la palabra y los hechos y, con las órdenes judiciales sin ejecutar, su costo político es, por ahora, el principal límite para el gobierno.

    La reforma que el gobierno clausura

    La universidad pública argentina necesita, en efecto, una reforma, y la necesita desde hace mucho. Desde el ajuste estructural de Carlos Menem en los años noventa, dedicó buena parte de su energía a defender su presupuesto y su carácter gratuito y abierto, más que a repensarse a sí misma. Pero una defensa de la universidad que ignorara sus problemas no convencería a nadie que no estuviera ya convencido.

    Los gobiernos financiaron a las universidades por inercia histórica y negociación política antes que con criterios transparentes, y dejaron que los salarios se deterioraran durante años. Las universidades, por su parte, tienen problemas: bajas tasas de graduación, esquemas de gobierno que muchas veces premian la política interna por sobre el mérito académico, una rendición de cuentas desigual y una larga resistencia a la evaluación externa. En particular, las universidades dejaron en gran medida la contratación de académicos de dedicación completa en manos del CONICET. En 2022, solo alrededor del 10 % de los 213.658 cargos docentes de las universidades públicas eran de dedicación exclusiva, y casi el 70 % eran dedicaciones simples de pocas horas semanales. Las carreras de investigación se construyeron, en cambio, en el CONICET: muchos de sus investigadores trabajan en departamentos universitarios, pero es el CONICET quien les paga, los evalúa y decide a quién incorporar. Esto debilitó la capacidad de las universidades para fijar sus propias agendas de investigación y le dio al gobierno una vía de entrada fácil: congelando los ingresos y los salarios del CONICET, podía vaciar la investigación universitaria sin tocar una sola línea del presupuesto universitario.

    Hay un debate real sobre la fórmula de financiamiento, las carreras docentes y de investigación, y sobre quién debería pagar todo esto (en nuestra opinión, quienes pueden, mediante impuestos progresivos y no mediante aranceles). Una cosa, sin embargo, está clara: ni los ataques abiertos ni el desgaste reforman nada de esto, ni atienden a los problemas. Los ataques desacreditan a la universidad sin proponerle nada, y el desgaste recorta en todas partes a la vez y golpea más fuerte donde la universidad funciona mejor, porque los investigadores con opciones en el exterior o en el sector privado son los primeros en irse y, dentro del presupuesto de ciencia, los insumos y el equipamiento cayeron mucho más rápido que los salarios. Tampoco se crea así las condiciones para un debate de reforma. Ninguna comunidad universitaria puede discutir una nueva fórmula de financiamiento mientras le cuesta pagar la factura de luz. Una reforma requiere un amplio debate público que incluya a quienes estudian y trabajan en las universidades, y decisiones tomadas en el Congreso. Ese debate es el que el gobierno eligió evitar, y la razón es rothbardiana. Si los académicos forman parte de una clase dominante a la que no se puede persuadir, no tiene sentido deliberar con ellos: el objetivo es, precisamente, convertirlos en adversarios públicos.

    Aun así, la democracia argentina mostró una resiliencia real. Las calles, el Congreso y los tribunales mantuvieron el arancelamiento fuera de la agenda y volvieron políticamente costoso cada recorte. Pero fallaron en el último tramo. La ley está vigente y los fallos siguen firmes, pero el dinero no llegó y las universidades continúan en estado crítico. Con todo, la conversación no terminó. Oscilando entre los ataques abiertos y el desgaste silencioso, el gobierno eludió el debate sobre la universidad de dos maneras: acallándolo a gritos y esquivándolo. La defensa de la universidad pública, llevada al Congreso y a los tribunales, mantuvo ese debate abierto. Ese, tal vez, sea su mayor mérito.