«Nunca antes en la historia de este país…».
Quien haya seguido la política brasileña en los últimos 24 años probablemente reconozca esta frase. Luiz Inácio «Lula» da Silva, el presidente Lula, suele repetir esta frase hasta el cansancio en sus discursos, en referencia a las profundas transformaciones que sus últimas tres presidencias (2003-2006, 2007-2010, 2023-2026) impulsaron en el país.
«Nunca antes en la historia de este país»… hubo elecciones como las de 2026. Seguramente usted sabe que Lula ganó las elecciones presidenciales de Brasil por cuarta vez, convirtiéndose en el único líder elegido democráticamente en lograr este hito en la historia del país. Seguramente también sabe que se dio la “virada” (se revirtió el resultado de la primera vuelta), un logro sin precedentes en las elecciones presidenciales desde la redemocratización, superando a su oponente, Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien, a su vez, cumple arresto domiciliario por intento de golpe de Estado. Parte de la explicación fue una movilización sin precedentes, especialmente entre los votantes de Lula. La tasa de abstención (19,22%) fue la más baja desde 2006. Y la suma de los votos en blanco y nulos (3,24%) fue la más baja desde 1989, la primera elección directa para presidente desde la redemocratización y la primera bajo la nueva Constitución de 1988. De la primera a la segunda vuelta, Lula superó a Flávio en el 97% (5.410 de 5.570) de los municipios, ganando más de 10 millones de votos. Lula ganó con un margen aún mayor que en las elecciones de 2022 contra Jair Bolsonaro.

Las sorpresas no se limitaron al resultado de las urnas. Es importante comprender la cronología de los acontecimientos del día de las elecciones. Esa mañana de domingo, hubo varios reportes en línea sobre largas esperas en las paradas de autobús en diversas capitales y áreas metropolitanas, sobre todo en ciudades de los estados del Noreste, de Río de Janeiro y de São Paulo, en la mayoría de las cuales se esperaba una victoria de Lula. Además, los votantes más pobres, que dependen del transporte público, suelen votar más por el presidente Lula, especialmente en la región del Noreste del país. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Salvador, capital de Bahía, una ciudad gobernada por un alcalde aliado de los Bolsonaro, mientras que el estado está gobernado por el Partido de los Trabajadores. Tras una denuncia de la coalición partidaria del presidente Lula y una inspección, se comprobó que había cientos de autobuses retenidos en los patios de las empresas concesionarias del municipio. A las 13:15 h, el Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA) ordenó la detención en flagrancia del secretario municipal del transporte y la reposición del 100% de la flota de autobuses, bajo pena de multa. El secretario se encontraba en París.
La Corte Suprema Federal (STF) ya se había pronunciado sobre la oferta de transporte público durante las elecciones (em la resolución ADPF 1013). En 2022, el ministro Luís Roberto Barroso, del STF, determinó que las empresas de autobuses debían mantener niveles operativos equivalentes a los de los días laborables; que, antes de la segunda vuelta de 2022, los alcaldes podrían ofrecer transporte gratuito sin que ello constituyera un delito electoral; y que ningún municipio que ya ofreciera transporte gratuito podría suspenderlo el día de las elecciones. En 2023, al resolver sobre el fondo del asunto, el pleno del tribunal decidió que el transporte debe ser gratuito y que las flotas de autobuses deben operar con una frecuencia compatible con la de los días laborables el día de las elecciones.
Tanto en Internet como en los medios tradicionales, todas las miradas se dirigieron hacia el Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que administra, regula y juzga cuestiones electorales en última instancia especial (con recurso únicamente ante el STF). Esto se debe a que no era la primera vez que miembros del bolsonarismo intentaban obstruir el acceso de los votantes a las urnas. Miembros del gobierno de Bolsonaro, principalmente la dirección de la Policía de Carreteras Federal (PRF), iniciaron, el día de las elecciones de 2022, operaciones ostensibles de control de autobuses que, de hecho, intentaron obstaculizar el acceso de los votantes a las urnas en el noreste del país. El entonces presidente del TSE, Alexandre de Moraes, citó de inmediato al director de la PRF, bajo amenaza de prisión, y ordenó el cese inmediato de las operaciones de inspección. Alexandre de Moraes rechazó las solicitudes de extender el horario de votación para las elecciones de 2022, afirmando que no había un perjuicio significativo.
La respuesta del TSE en 2026 no pudo haber sido más contrastante. Por la mañana, la campaña de Lula ya había informado al TSE sobre el problema en varias ciudades del país. Alrededor de las 15:46, la campaña solicitó que se extendiera el horario de votación, de las 17:00 a las 19:00, en las ciudades afectadas. Además, el ministro corrector del TSE, Ricardo Villas Bôas Cueva, envió un oficio a la presidencia en el que relataba los hechos y solicitaba que se tomaran medidas. A pesar de todo esto, el presidente del TSE, el ministro Kassio Nunes Marques, designado por Jair Bolsonaro para el STF, no tomó ninguna iniciativa a lo largo del día. Mientras tanto, proliferaban en la red videos de celebridades e influencers que denunciaban la reducción de la oferta de autobuses y la interferencia en las elecciones. Nunes Marques solo se pronunció después de las 4:00 p. m., solicitando información únicamente al TRE-BA, en un plazo de 30 minutos, sobre la situación del transporte en el estado, a pesar de que había noticias relacionadas con varios estados.
Aún sin respuesta, a las 16:22, la campaña de Lula modificó su solicitud anterior y pasó a pedir la prórroga de las elecciones por dos horas en todo el país. Dada la proximidad del cierre de las urnas, la campaña también presentó un recurso ante la Corte Suprema a las 16:29, basándose en el incumplimiento de la ADPF 1013, y el recurso fue asignado al azar al ministro Cristiano Zanin, quien había sido designado por Lula para la Corte Suprema. La campaña de Flávio Bolsonaro, para no quedarse atrás, también solicitó la prórroga de dos horas del período de votación debido a las fuertes lluvias en cinco estados del sur y el sureste del país, donde esperaba obtener más votos. A las 5:00 p. m., según el calendario habitual, las secciones sin filas iniciaron el procedimiento estándar de cierre de las urnas electrónicas y de emisión de los boletines de urna, mientras que aquellas con fila no admitirían a nuevos votantes más allá de los que ya se encontraban presentes. A las 17:03 se publicó la decisión del ministro Cristiano Zanin de extender el período de votación por dos horas en todo el país. Solo a las 17:49, el presidente del TSE ordenó a los Tribunales Electorales Regionales que las secciones que aún estuvieran abiertas permanecieran en funcionamiento hasta las 19:00, en cumplimiento de la decisión del ministro Zanin. En la práctica, es probable que solo permanecieran abiertas las casillas en las que había filas cuando recibieron la información de los Tribunales Electorales Regionales (TRE), lo que limitó considerablemente los efectos de la decisión.
Sea cual sea la opinión sobre la decisión de extender el horario, las dos horas adicionales tuvieron un efecto insignificante en el resultado de las elecciones. Unos días después de las elecciones, se supo que se registraron alrededor de 34.000 votos después de las 5:00 p. m., mientras que la diferencia entre Lula (51,79 %) y Flávio (48,21 %) fue de 4.430.191 votos.
El domingo, tras la confirmación de la reelección de Lula, Flávio Bolsonaro hizo una declaración en la que no reconoció el resultado de las urnas. Al día siguiente, la Policía Federal le retuvo el pasaporte a Flávio, por orden del ministro Alexandre de Moraes, debido a un supuesto riesgo de fuga, ya que el senador está involucrado en al menos dos procesos ante la Corte Suprema de Justicia (STF) que investigan delitos de corrupción y lavado de dinero, y perderá su inmunidad judicial en 2027, cuando ya no tenga mandato.
El resto ya se sabe y ha sido ampliamente cubierto por los periódicos de todo el mundo. Flávio Bolsonaro huyó a Miami con la ayuda del gobierno de Milei y de los Estados Unidos, en una operación digna de una película de Hollywood. Los brasileños suelen bromear diciendo que las sorpresas de la política brasileña superan a cualquier ficción; al narrador de esta historia le encantan los plot twists.
La Corte Suprema en el centro de las elecciones.
¿Cómo se convirtió el STF en uno de los protagonistas de la contienda electoral de 2026? No es de hoy que las acciones de los ministros del STF tengan un gran impacto en las elecciones. Hay varios factores que explican este fenómeno.
En primer lugar, el Tribunal tiene jurisdicción constitucional y ya la ha ejercido en varias ocasiones en asuntos de impacto electoral, incluso en relación con leyes que regulaban el proceso electoral. El Tribunal se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la cláusula de barrera, de la fidelidad partidaria y del financiamiento de campañas por parte de empresas, entre otras.
En 2016, el STF había decidido a favor de la constitucionalidad de la prisión en segunda instancia, sin que la sentencia penal fuera firme, y en 2018, una mayoría de 6 a 5 de los ministros del tribunal confirmó la decisión anterior y rechazó una solicitud de hábeas corpus preventivo presentada por Lula, lo que eliminó de hecho el mayor obstáculo para la elección de Jair Bolsonaro ese mismo año. En 2019, tras cambios en la relación de los ministros, el STF revocó su decisión sobre la constitucionalidad del encarcelamiento en segunda instancia, lo que dio lugar a la liberación de Lula. En 2021, un ministro del tribunal decidió anular el proceso que condenó a Lula por falta de jurisdicción y, tras decisiones de la sala y del pleno del tribunal, declaró parcial al juez de la causa, Sergio Moro. Moro acabaría formando parte del nuevo gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, después de haber condenado y encarcelado a Lula, el principal candidato de la oposición, meses antes.
En segundo lugar, el Tribunal tiene jurisdicción especial en materia penal sobre personas con foro privilegiado, como diputados federales, senadores, ministros de Estado, miembros de la cúpula del poder judicial federal y el presidente de la República. El juicio por la trama golpista que resultó en el encarcelamiento de Jair Bolsonaro y de varios miembros de su gobierno es un ejemplo del ejercicio de esta competencia. Esta competencia es «un arma de doble filo». Genera oportunidades para ganar legitimidad ante la población, al mismo tiempo que aumenta la posibilidad de conflicto entre los poderes, o viceversa. Especialmente en los últimos 15 años, con la revelación y el juicio de grandes escándalos de corrupción, los magistrados del tribunal han adoptado una postura más o menos confrontativa con respecto a los otros poderes, incluyendo disputas públicas entre ellos sobre qué postura debería adoptar el tribunal.
En tercer lugar, los magistrados del STF tienen gran influencia sobre la agenda y las decisiones del TSE. Tres miembros del STF también forman parte del TSE, mediante una rotación de mandatos de dos años. Además de ellos, de los siete magistrados del TSE, otros dos son elegidos por el presidente a partir de una lista elaborada por el STF. La presidencia del TSE siempre la ocupa un magistrado del STF. El TSE, también según la interpretación del STF, cuenta con amplios poderes regulatorios en materia electoral. Por ejemplo, las resoluciones del TSE han establecido normas para el uso de la propaganda electoral de los candidatos en las redes sociales y de la inteligencia artificial en las elecciones.
Por último, desde 2019 hasta este año, el ministro Alexandre de Moraes ha llevado a cabo investigaciones de carácter excepcional, como la «investigación sobre las noticias falsas» (INQ 4.781), la «investigación sobre los actos antidemocráticos» (INQ 4.828) y la «investigación sobre las milicias digitales» (INQ 4.874). Estas investigaciones se iniciaron en un contexto de ataques contrael STF y las instituciones democráticas por parte del expresidente Jair Bolsonaro y sus partidarios, así como ante la falta de acción del entonces fiscal general de la República. Dos de estas investigaciones fueron iniciadas de oficio por el tribunal, cuya jurisdicción abarca cualquier ataque contra la corte, sus magistrados y el proceso democrático (como las elecciones). El magistrado Alexandre de Moraes tomó la iniciativa de las investigaciones, solicitando medidas y tomando decisiones preliminares cuyos efectos son difíciles o imposibles de revertir. Algunas de sus decisiones incluyeron una orden de detención en flagrante contra un diputado federal, el bloqueo de la red social «X» en todo el territorio nacional, la eliminación de publicaciones y el bloqueo de cuentas de políticos e influencers.
Estos son solo algunos de los factores que explican la proyección del STF en la política nacional. En estas elecciones, sin embargo, hubo algo excepcional más allá de la mera prominencia. No es exagerado afirmar que el STF se convirtió en uno de los protagonistas de la contienda, al menos en las semanas previas a la primera vuelta.
Conflicto en la Corte
En noviembre de 2025, el Banco Central liquidó al Banco Master, y la Policía Federal (PF) detuvo a su controlador, Daniel Vorcaro. El caso llegó a la Corte Suprema poco después, cuando el ministro Dias Toffoli admitió a trámite una recusación presentada por la defensa del banquero y trasladó al STF la investigación que se tramitaba en la Justicia Federal de Brasilia. A continuación, la prensa reveló sucesivamente varios hechos: el contrato entre el banco y el estudio de abogados de la esposa del ministro Moraes; la venta, por parte de una empresa de la familia de Toffoli, de una participación en un resort a un fondo financiado con recursos vinculados al cuñado de Vorcaro; y los viajes de Toffoli en aeronaves de personas cercanas al banquero. En febrero de 2026, Toffoli abandonó la relatoría mediante un procedimiento atípico y el caso fue reasignado al azar al ministro André Mendonça.
La crisis alcanzó su cénit en vísperas de la primera vuelta. El 1° de septiembre, Mendonça levantó el secreto de un informe de la Policía Federal (PF) que contenía mensajes enviados por Vorcaro a un contacto guardado como «Moraes», entre ellos una consulta, dos días antes de su detención, sobre si debía salir del país. En las semanas siguientes, Moraes y Mendonça intercambiaron acusaciones en procesos bajo sus respectivas relatorías; el presidente de la Corte, el ministro Edson Fachin, le quitó a Moraes la relatoría de la investigación sobre las noticias falsas; y el pleno se reunió, por primera vez, para decidir si uno de sus ministros debía ser investigado formalmente con base en un informe de la PF. La sesión terminó sin una decisión, con enfrentamientos públicos y ataques personales, y con una solicitud de revisión por parte del ministro Flávio Dino. Durante ese período, el debate público se centró en el STF, con nuevas revelaciones sobre otros ministros, como Nunes Marques, Fux y Mendonça. El STF eclipsó los demás temas y las agendas de campaña en las últimas semanas de la primera vuelta de las elecciones.
Flávio Bolsonaro se benefició directamente de la crisis, dado que su movimiento político y su programa de gobierno tenían como eje principal la destitución de los ministros del STF. Gran parte del bolsonarismo ya veía al STF como un enemigo y como un aliado del presidente Lula. Los candidatos del partido de Flávio Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), ya hacían campaña para el Senado centrándose en la promesa de votar a favor de la destitución de los ministros del STF.
Además de los factores descritos en la sección anterior, hay elementos adicionales que explican cómo la STF se convirtió en el eje central de la contienda electoral de 2026. En primer lugar, pesaron las relaciones de cercanía e informalidad con los dueños del poder, como se puso de manifiesto en el caso del banquero Daniel Vorcaro. Se descubrió que varios ministros del Tribunal y sus familiares mantuvieron relaciones de cercanía, o incluso de beneficio económico, con el banquero investigado. Las revelaciones contribuyeron a la pérdida de la poca legitimidad que le quedaba a la corte ante el sector de la población que había apoyado su postura de enfrentamiento contra Bolsonaro.
En segundo lugar, está la combinación entre las grandes investigaciones penales y los poderes individuales de los ministros. Al involucrar a autoridades con foro privilegiado, el caso Master se tramita en el STF, y el relator concentra el control sobre la confidencialidad, el ritmo de las diligencias y la divulgación de las pruebas. Toffoli llegó a determinar que los celulares incautados a Vorcaro fueran precintados y guardados en el propio Tribunal, fuera del control pericial de la PF. Mendonça, por el contrario, optó por la publicidad semanas antes de las elecciones. Durante la campaña, las decisiones monocráticas, las solicitudes de revisión y las resoluciones especiales permitieron que un solo ministro destituyera al director general de la PF, aplazara la decisión sobre la investigación de un colega hasta después de las elecciones o interrumpiera juicios que ya contaban con mayoría en el TSE. Aunque previstos en el reglamento, estos actos individuales reforzaron, para los críticos, la imagen de un tribunal que utiliza sus poderes para protegerse a sí mismo.
Por último, se abrió la posibilidad de un uso electoral de la investigación del ministro André Mendonça, basándose en las facultades individuales de los ministros y en las interpretaciones impulsadas por Alexandre de Moraes en la investigación sobre las fake news y los actos antidemocráticos. Al levantar el secreto de los mensajes a un mes de la primera vuelta, solicitar una sesión pública en el pleno y, a petición del partido Novo, destituir al director general de la Policía Federal (PF) con el argumento de que habría sido vigilado ilegalmente por la propia policía, Mendonça se valió de la lógica que Moraes había consolidado desde 2019: la de que un ministro puede actuar de oficio, con amplios poderes, conduciendo investigaciones y ordenando pruebas, y mediante medidas difíciles de revertir. Moraes reaccionó, incorporando a la investigación sobre las fake news informes de inteligencia de la PF que atribuían a Mendonça un comportamiento atípico y selectividad en la conducción del proceso, sugiriendo una actuación con favoritismo político, y presentó una denuncia ante la presidencia del tribunal, acusando a su colega de delitos de conducta indebida y abuso de autoridad, entre otros. Las decisiones monocráticas y los poderes excepcionales que el tribunal había creado para defenderse de ataques externos comenzaron a ser utilizados por los ministros unos contra otros, en plena campaña electoral.
En la segunda vuelta, el STF dejó de ser el tema central de la elección, pero las críticas a la actuación de los ministros continuaron, especialmente las dirigidas al TSE. Un movimiento orgánico de apoyo a Lula, la movilización de simpatizantes a través del canal de WhatsApp «El Ejército de Lula» y el cambio en la estrategia de redes sociales de la campaña de Lula contribuyeron al giro en la contienda. En la Justicia Electoral, el ministro Kassio Nunes Marques utilizó los poderes de la presidencia del TSE en beneficio de Flávio Bolsonaro. El vicepresidente del TSE, André Mendonça, también dictó resoluciones que beneficiaron a la campaña de Flávio. Además, se multiplicaron los conflictos entre las resoluciones individuales del TSE y del STF, como ocurrió el día de las elecciones, y entre los propios ministros del TSE.
Conflicto orquestado
Los resultados del Congreso ayudan a comprender lo que se avecina. La extrema derecha obtuvo avances en todos los niveles de la federación, principalmente en comparación con los candidatos de la derecha tradicional. El PL logró las bancadas más numerosas en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, habrá 121 diputados, 24 más que en las elecciones anteriores, que se suman a otros partidos del «Centrão», un grupo de es partidos con una orientación ideológica más a la derecha, pero que suelen «alquilar» su capital político al gobierno de turno. En el Senado, donde se disputaban dos tercios de los escaños, el partido eligió a 19 senadores y contará con 28 de los 81 a partir de 2027. Nunca, desde 1988, un partido había elegido a tantos senadores en una sola elección. La destitución de un ministro requiere el voto de dos tercios del Senado, es decir, 54 senadores, y el partido ya calcula que cuenta con 49 votos a favor de la destitución de Moraes. El ministro Flávio Dino también está en la mira del partido.
La extrema derecha sale fortalecida de estas elecciones, a pesar de haber perdido la Presidencia de la República. Aun con la victoria de Lula, no son pocas las posibilidades de que la extrema derecha conquiste el control de la Presidencia del Senado e inicie procedimientos de destitución contra ministros del STF. También hay debates sobre una reforma más amplia del poder judicial. Además, es probable que Lula tenga la oportunidad de nombrar a cuatro jueces para la Corte durante este nuevo mandato, debido a las vacantes existentes y a las nuevas jubilaciones. Probablemente tendrá por delante una gran batalla para aprobar candidatos capaces de obtener el apoyo de los senadores que no están alineados con el bolsonarismo. Los conflictos con la Corte ya están asegurados.