La llegada a la Corte

El 2 de diciembre de 2013 crucé la plaza de Bolívar con rumbo hacia el Palacio de Justicia, la tercera edificación construida en Bogotá para albergar a las cortes. Los dos anteriores fueron destruidos por incendios ocurridos en sucesos que permanecen en la memoria colectiva de los colombianos: el Bogotazo y la retoma militar luego de la incursión armada de la guerrilla del M-19. Me sorprendió la amplitud y desnudez de la plaza, pues solo estaba adornada en su punto medio con la estatua del libertador Simón Bolívar. Subí en el ascensor hasta el piso séptimo, en donde quedaba el despacho de la magistrada María Victoria Calle (e. p. d.), quien, dos meses antes, con un mensaje de correo electrónico de dos líneas, me había invitado a formar parte de su equipo de trabajo. Ese tiempo me tardé en organizar el viaje a Bogotá y gestionar una licencia no remunerada por un año en la Universidad de Medellín, en la que era docente investigadora. Puse pausa a mi proyecto de vida personal, laboral y académico y me aventuré, sin pensarlo mucho, en el tribunal constitucional colombiano. Una gran oportunidad para alguien de provincia como yo, como suelen identificarnos quienes son de la capital.

Me encontré con un equipo maravilloso, comprometido y muy generoso, integrado por 15 personas, aproximadamente. Cada despacho tiene su propia dinámica de trabajo y su cadencia. En ese momento, la Corte estaba integrada por ocho magistrados y una magistrada, María Victoria; una sola persona encargada de poner en los debates el punto de vista de la mujer —en julio de 2014 llegaría Gloria Ortiz—. En el despacho de Calle, todos/as sustanciábamos proyectos de fallo de tutela, el corazón del trabajo de la Corte, y nos involucrábamos en el estudio de casos de las salas de selección. Además, los magistrados auxiliares se encargaban de sustanciar los proyectos de sentencia de constitucionalidad; los profesionales especializados (cargo en el que me posesioné) asumían la elaboración de los autos de admisión, inadmisión y rechazo de demandas de inconstitucionalidad, y, en algunas oportunidades, avanzaban hacia la propuesta de fallo. Por su parte, el abogado sustanciador, los profesionales universitarios y los auxiliares judiciales, hacían investigaciones o líneas jurisprudenciales requeridas como insumo en los diferentes proyectos.

En la Corte es difícil lograr un cierto grado de especialización en algún área del derecho, como sí es posible cuando se trabaja en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. En el tribunal constitucional se estudian conflictos jurídicos de todos los ámbitos para ser decididos desde la Constitución: laboral, de seguridad social, administrativo, de familia, civil, penal, comercial, agrario, procesal, tributario, electoral, etc. Así, cada asunto impone un reto académico. Los días transcurrían entre la consulta del expediente físico (hoy es digital) y de un maremágnum de jurisprudencia —para identificar la línea jurisprudencial y el precedente constitucional—, y la visita a las bibliotecas. Cada caso de tutela, por poner un ejemplo, demandaba aproximadamente un mes de trabajo continuo y sesudo. Para construir la teoría del caso, recuerdo que solíamos comentar los asuntos con colegas del despacho. Nos adentrábamos en unas discusiones que se extendían hasta almuerzos y cenas, que duraban semanas y se alimentaban con el estudio de casos ya fallados y de las novedades jurisprudenciales que ofrecían otros tribunales constitucionales del mundo. Mucha parte de la socialización de los casos se perdió con la virtualidad.

Siempre aparecía la pregunta de cómo dar un paso más allá para hacer avanzar la jurisprudencia. No era la reiteración por la reiteración lo que nos motivaba, sino la búsqueda de una oportunidad para decir algo más y construir nuevos caminos de protección de los derechos. Cada proyecto traía una posibilidad de innovar en la teoría de los derechos, y, para ello, era fundamental leer con atención los escritos de las partes (tutelante y tutelado), así como las intervenciones de las personas y colectivos invitados a participar en el proceso, por medio de un auto de pruebas. Normalmente las buenas ideas provenían de los intervinientes. Cuando se superponían varias teorías y alternativas, salir a caminar siempre era un recurso muy útil. Con cada paso, las ideas se iban organizando en la mente e iba surgiendo de forma orgánica la respuesta al problema jurídico planteado. En no pocas ocasiones, la intuición inicial fue corregida al contar con la mayor cantidad posible de puntos de vista sobre el asunto. Cambiar de posición de manera informada conllevaba una gran tranquilidad y satisfacción, pues se sumaban nuevos aprendizajes para enfrentar casos futuros.

Todos los pre-proyectos elaborados por quienes trabajábamos en el despacho de Calle confluían en una carpeta que la asistente le organizaba, en atención a los términos de reparto a las diferentes salas de Revisión o Plena. Es decir, todos los documentos producidos eran leídos y corregidos por María Victoria. Los días viernes eran particulares porque, por lo general, la magistrada nos hacía pasar a su oficina uno a uno para comentar el escrito revisado. Esos espacios eran esenciales no solo para la comprensión de la tarea de revisión de los fallos de tutela y la gestión de los demás asuntos de competencia de la Corte, sino para la identificación de la línea de pensamiento que iría dando forma a su legado jurisprudencial. Eran clases personalizadas de interpretación constitucional. Allí escuché en reiteradas ocasiones la expresión “los últimos de la fila”, junto con la explicación del papel del tribunal en la protección de sus derechos. Lo más difícil para mí fue aprender a resolver los conflictos jurídicos desde la textura abierta de los enunciados normativos de la Constitución (dignidad humana, solidaridad, libre desarrollo de la personalidad, etc.).

La reconfiguración de los despachos

El periodo de la magistratura es de ocho años, de acuerdo con el artículo 239 de la Constitución. El acercamiento del final va acompañado de la angustia existencial del equipo de trabajo. Hay preocupación por el propio futuro laboral, por el proceso de elección, por quien llega a ocupar la vacante, por la Corte. Estuve en la culminación de los periodos de María Victoria Calle (abril de 2009 hasta abril de 2017), Antonio Lizarazo (febrero de 2017 hasta febrero de 2025) y Diana Fajardo (junio de 2017 hasta junio de 2025), y todos fueron diferentes. Recuerdo que al finalizar el tiempo de Calle el despacho estaba al día, pues, desde meses atrás, al recibir los últimos repartos, ella decidió anticipar los plazos de entrega de los proyectos de autos y sentencias. Así, en los últimos meses la mayoría de asuntos pendientes ya se habían discutido en la Sala de Revisión o la Sala Plena, según correspondiera. Las ponencias, entonces, pudieron ser corregidas o complementadas con tiempo, de acuerdo con los comentarios de los despachos encargados de la revisión, y firmadas sus versiones finales y entregadas a la Secretaría General para continuar el trámite de comunicación y notificación.

La transición con Carlos Bernal, quien ocupó la vacante dejada por María Victoria, no implicó mayores dificultades en el empalme del despacho; sin embargo, sí generó conmoción en el equipo de trabajo. La magistrada saliente era conocida por su pensamiento liberal y progresista, y aunque fue elegida por el Senado de una terna propuesta por el presidente Álvaro Uribe, tal vez pensando que iba a ser una funcionaria judicial a su medida, ella dio una lección de independencia. Bernal fue elegido de una terna presentada por el presidente Juan Manuel Santos. Considero que el elector se decantó por el perfil más conservador. Así las cosas, una parte del equipo renunció antes de la posesión del magistrado; otras personas, como yo, decidimos esperar lo que deparaba ese cambio. En mi caso, quería al menos terminar el semestre en la Corte, e ir preparando el retorno a las labores académicas. Así se lo expresé a quien estaba encargada del empalme, por lo que estuve en el despacho de Bernal hasta mediados de junio de 2017, sustanciando proyectos de decisión de la fase de admisibilidad de los procesos de constitucionalidad. Vi cómo se iba reconfigurando el grupo de trabajo con personas que recién llegaban al tribunal.

Por esos días ya estaba en la agenda de la corporación la revisión de parte del paquete legislativo que se estaba expidiendo para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016. Hago un paréntesis en esta narración para señalar que valdría la pena un estudio acerca de la forma en que colaboraron armónicamente las diferentes ramas del poder público para crear la institucionalidad necesaria para el cumplimiento de dicho Acuerdo. Esta intención se vio seriamente defraudada con la llegada del presidente Iván Duque, quien ejerció su mandato desde el 7 de agosto de 2018. La agenda de paz, por tanto, incrementó el trabajo de la Corte Constitucional e hizo posible que se retomara la jurisprudencia existente y se profundizara en el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, que establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

El recién elegido magistrado Antonio Lizarazo, de orientación liberal, tenía conocimiento y experiencia en las negociaciones de paz que se habían adelantado con las extintas FARC-EP. Sus aportes quedaron reflejados en algunas sentencias relacionadas con normas encaminadas a materializar el Acuerdo Final de las que fue sustanciador (entre ellas, la C-080 de 2018, que revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia en la JEP). Me enteré que Lizarazo estaba configurando su equipo de trabajo. Como en ese momento cursaba una Maestría en Construcción de Paz, me postulé para una vacante de profesional especializado. Luego de surtir el proceso de selección, el 16 de junio de 2017 me posesioné en el cargo. Al llegar al nuevo despacho me encontré con que más del 70 % del personal eran mujeres, en su mayoría, con experiencia laboral en la Corte Constitucional. Algunas fueron ratificadas en sus cargos; otras venían de los despachos de magistrados que habían terminado su periodo a inicios de 2017. La perspectiva de género empezó a impregnar las decisiones del ponente.

Allí hice parte de la Unidad de Paz, que se encargó del estudio y sustanciación de los asuntos relacionados con la normativa expedida para la implementación del Acuerdo Final. Esta funcionó hasta que se agotó la agenda de la corporación en relación con ese paquete normativo. Lizarazo conformó unidades lideradas por quienes ejercían el cargo de magistrado auxiliar, con la asignación de los casos de tutela y constitucionalidad; así como una responsable de los conflictos de competencia y jurisdicción, y otra encargada, entre otras tareas, de coordinar las salas de selección. La directriz era que todo el equipo participara en las salas de selección —correspondían por despacho dos o tres en el año, según sorteo—. Las cabezas de las unidades debían hacer el primer filtro de todos los pre-proyectos que presentaban para la revisión definitiva del magistrado. La idea era que los textos contaran con un examen riguroso de fondo y de forma, que le facilitara concentrarse en la filigrana del caso. En esa labor puse un gran empeño como magistrada auxiliar, cargo en el que fui nombrada en propiedad por Lizarazo en julio de 2022.

Preparando la salida

El cargo que dejó Lizarazo, quien había sido elegido por el Senado de terna presentada por el Consejo de Estado, fue ocupado por un magistrado con amplia experiencia en la Corte Constitucional. El recién posesionado pidió la renuncia protocolaria de todo el equipo. En forma inmediata, procedió a aceptársela a aproximadamente la mitad de quienes integrábamos el despacho, incluyéndome —conformado más o menos por 27 cargos de libre nombramiento y remoción—. En los días siguientes se unieron a su grupo de trabajo personas que estaban en otros despachos o que habían desempeñado funciones en la misma Corte. También se decantó por quienes habían hecho carrera en la corporación. La configuración del despacho es la primera decisión importante que tiene que tomar un/a magistrado/a. Optar por aspirantes con experiencia judicial y con conocimiento de los procesos que se llevan en el tribunal, en principio, es una práctica aconsejable. Además, para aprovechar el alto perfil profesional que se observa en la corporación, en donde se promueve la cualificación permanente.

A partir del 7 de febrero de 2025 quedé desempleada. Tenía todo un horizonte por contemplar, ya que para ese momento había iniciado mi segundo semestre del Doctorado en Derecho. Todas las piezas empezaban a encajar para retornar al proyecto académico que había dejado en pausa. Al día siguiente recibí una llamada de parte de Diana Fajardo, quien me invitaba a trabajar en el despacho en la fase final de su magistratura (su periodo culminaba el 5 de junio de 2025). Luego de tomarme una semana de descanso, me posesioné como profesional especializada y, con posterioridad, como magistrada auxiliar. El despacho se encontraba al día, por lo que el trabajo no fue excesivo como suele ser en tiempos de fin de periodo, pero sí fue incesante. Me concentré en terminar algunos asuntos que estaban en la fase de corrección, sustanciar nuevos proyectos de tutela y adelantar la fase de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad que me fueron repartidas. Fue un tiempo tranquilo en el que tuve la oportunidad de compartir con un gran equipo.

La vacante que dejó Fajardo, quien fue elegida de una terna elaborada por la Corte Suprema de Justicia, fue ocupada por una magistrada que provenía del sector de la academia. Se posesionó el 12 de junio de 2025 ante el presidente de la Corte Constitucional. En los días que siguieron presenté la renuncia a partir del 1 de julio. Ya estaba preparada para un cambio de rumbo. Tomar la decisión de salir del tribunal no es fácil; por el ritmo de trabajo tan acelerado y la energía vital que consume cada caso, se genera una suerte de adicción que hace difícil detener la marcha. En momentos de mucho agotamiento, normalmente se opta por gestionar una licencia no remunerada por un corto tiempo o una salida temporal del tribunal como una forma de pausa laboral. A ambos recursos acudí cuando lo consideré necesario. En todo caso, una vez afuera, lleva tiempo aquietar la mente y lograr concentrarse en otros asuntos. Lo que permanece es todo lo aprendido, los vínculos tejidos, la satisfacción del deber cumplido y la emoción por lo que sigue.

Con la suficiente distancia alcanzada, creo que es momento de iniciar una etnografía que recoja mi tiempo en la Corte Constitucional y plantee algunos retos que considero debe asumir. Este es el punto de partida.