La Corte IDH notificó y publicó su sentencia sobre el juicio político a Moliné O’Connor, en donde declaró a Argentina responsable por una serie de violaciones a derechos humanos. La cantidad de dimensiones en las que la decisión merece ser analizada es enorme, y excede por mucho lo que se puede abordar acá. Sin embargo, quisiera señalar una serie de contradicciones en las que entra la Corte IDH, ya sea dentro del propio fallo o entre lo que dice y lo que hace. Es decir, contradicciones textuales o performativas, pero contradicciones al fin. Más aún, la presencia de esas contradicciones pone un manto de duda sobre la enorme confianza que la jurisprudencia interamericana deposita en los jueces. Buena parte de las lecturas fuertes de la independencia judicial, como la del caso de Moliné O’Connor, se sostienen sobre la convicción de que ella llevará a buenas decisiones. Sin embargo, tal como muestra el propio caso en el que se defiende la independencia, muchas veces la independencia protege decisiones y personas que distan de estar a la altura de la función que se les asigna, fallando incluso en pasar el test de la coherencia. Para muestra basta un botón.
A grandes rasgos, la sentencia no tiene demasiadas sorpresas y descansa sobre la ya basta jurisprudencia de la Corte sobre juicios políticos a jueces de tribunales supremos. La Corte sostuvo en muchas ocasiones que el contenido de las sentencias no es una razón aceptable para remover jueces y, por lo tanto, era esperable1 que el fallo fuera resuelto en este sentido. Hasta ahí, pocas novedades. Un primer aspecto que uno podría destacar del fallo es, justamente, que no haya novedades a pesar de que los contextos de los casos en los que se desarrollaron los estándares sean bien diferentes al contexto de la llegada de Moliné O’Connor a la Corte Suprema, así como de las de su remoción. Sin embargo, esos estándares fueron formulados de forma tal que resultaban insensibles al contexto, y para salirse de ahí la Corte debería haberse embarcado en la formulación de nuevos estándares, lo que parecía improbable.
Esta falta de atención al contexto en el que se dio la remoción resulta evidente en los silencios de la Corte Interamericana, que elige no mencionar la forma en la que se llegó al juicio político. En primer lugar, el cargo de Moliné se abrió como consecuencia de que Menem llevó la cantidad de miembros de la Corte de cinco a nueve, en una estrategia clásica de ampliación para capturar la Corte. Más aún, según los relatos periodísticos, el quórum se logró con diputados que no eran tales, es decir violando las reglas legislativas más elementales. Con el tiempo, Moliné fue identificado como miembro del grupo de jueces de la ‘mayoría automática’, es decir los jueces que fallaban sistemáticamente en favor del gobierno. Por último, la sensación creciente de corrupción e impunidad que caracterizó a esa época, sumada a la crisis social y económica, llevo al reclamo de ‘que se vayan todos’ en 2001. Después de la asunción de Néstor Kirchner y su promesa de regeneración institucional, el oficialismo inició una serie de juicios políticos contra los miembros de la mayoría automática, y mientras que Nazareno, López y Vázquez renunciaron, Boggiano y Moliné O’Connor fueron removidos mediante un juicio político.
La historia larga del caso de Moliné O’Connor tiene muchas dificultades, y pensar el rol de cada una de estas dimensiones en la evaluación del caso requiere argumentos más profundos sobre las relaciones entre derecho y política y sobre el rol de las cortes supremas. En este texto breve me gustaría, por el contrario, concentrarme solamente en algunas de las contradicciones del propio fallo de la Corte IDH, lo que a su vez permite poner en cuestión la confianza en los jueces que sostiene el propio fallo. En la literatura y en la jurisprudencia, la posición de que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias se sostiene sobre la confianza de que, si son independientes, los jueces garantizarán derechos humanos y serán buenos intérpretes y aplicadores del derecho. Sin embargo, esta afirmación parece debilitarse cuando miramos con atención a las palabras y las acciones de la propia Corte IDH.
Cuando miramos solamente a las palabras de la Corte, aparecen ya algunos problemas. La primera de las contradicciones aparece cuando la Corte discute las bases del juicio político. La Corte descansa en el párrafo 99 sobre un estándar ya consolidado en su jurisprudencia, según el cual los jueces y juezas solo pueden ser destituidos por faltas disciplinarias graves o incompetencia. Al analizar el caso, la Corte IDH afirma que “la actuación del Congreso de la Nación en el contexto del juicio político conllevó revisar y cuestionar fallos emitidos por una autoridad judicial en el ejercicio de sus competencias.” (par. 128). Por lo tanto, el estado argentino removió a Moliné O’Connor sobre la base de razones no aceptables para la rendición de cuentas y como consecuencia es internacionalmente responsable.
Tres párrafos más tarde, sin embargo, la Corte IDH dice que ambas cámaras del Congreso afectaron en forma arbitraria la permanencia de Moliné O’Connor en su cargo. Esta misma idea aparece en el párrafo 133, donde la Corte afirma caracteriza lo ocurrido como manifiestamente arbitrario, para más tarde explicar que la arbitrariedad debe ser entendido como contraria a la “motivación razonada” de una decisión (par. 138). Así, la Corte nos dice por un lado que los argumentos ofrecidos por el Congreso, a los que dedica muchas páginas, no son aceptables, mientras que también nos dice que la decisión fue arbitraria, es decir que no fue tomada sobre la base de una motivación razonada. Es decir que por un lado la Corte afirma que el Congreso ofreció argumentos más o menos detallados en favor del juicio político aunque esos argumentos no sean aceptables bajo sus estándares, y por otro nos dice que la decisión fue arbitraria, es decir que no descansó sobre argumentos que la justificaran.
El único espacio de arbitrariedad real que la Corte identifica aparece en el tratamiento de las recusaciones reclamadas por Moliné y rechazadas por el Senado sin ninguna justificación (par. 141-143). Sin embargo, y aunque la cuestión de la imparcialidad en los juicios políticos sea un tema interesantísimo y que merece un tratamiento que excede a esta nota, la calificación del juicio político como arbitrario excede a la cuestión procedimental sobre quiénes decidieron, y se extiende a los argumentos de fondo sobre la remoción.
La segunda contradicción aparece cuando pensamos en las razones que hacen que los jueces merezcan el nivel de independencia que les asigna la Corte. La Corte afirma, como ya lo había hecho en el pasado, que los jueces son “garantes de derechos humanos” (par. 100). Por lo tanto, es necesario salvaguardar su independencia de forma tal que “estén en condiciones de determinar, declarar y eventualmente sancionar la arbitrariedad de los actos que puedan suponer vulneración a aquellos derechos”. Dejar que los jueces decidan sin intervenciones de otros actores, por lo tanto, llevaría a que ellos garanticen derechos.
A pesar de que los jueces garanticen derechos humanos, un poco más de cien párrafos más tarde la Corte IDH llega a la conclusión de que la Corte Suprema violó los derechos de Moliné O’Connor por no abordar la cuestión de las razones sobre las que Moliné fue removido de su cargo, y por lo tanto no haber tenido la motivación suficiente. Más aún, la Corte IDH condena a Argentina por la violación del plazo razonable para la discusión sobre la pensión vitalicia de Moliné O’Connor, ya que el proceso empezó en 2004 y recién concluyó en 2024. Esto se suma, desde ya, a los muchos otros casos en los que la Corte IDH responsabilizó a diferentes países por las decisiones de sus jueces. Según nos dice la propia Corte IDH, entonces, los jueces no necesariamente garantizan derechos, sino que algunas veces lo hacen y otras no.
Alguien podría decir en este punto que cuando la Corte IDH dice que los jueces son garantes de los derechos no se refiere a que efectivamente cumplan ese rol, sino a que deberían hacerlo. Sin embargo, la doctrina del control de convencionalidad que la propia Corte IDH desarrolló indica que todos los actores estatales, y no solo los judiciales, deben realizar el control de convencionalidad de oficio. Por lo tanto, según la propia doctrina, la tarea de garantizar derechos no es una tarea que solo los jueces deban realizar, sino que les corresponde a todos los actores.
Existe una contradicción más, aunque de tipo performativo, que tal vez sea la más interesante de todas. En el párrafo 157 la Corte IDH afirma que “los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos”. En primer lugar, parece difícil compatibilizar el requisito de objetividad en la selección de funcionarios con las prácticas políticas contemporáneas. Una serie de funcionarios como ministros, secretarios y otros tantos cargos políticos son elegidos sobre la base de criterios no objetivos tales como la confianza que les tiene quien los selecciona. Esta observación se vuelve todavía más relevante cuando pensamos en la selección de jueces. Los mecanismos de selección de jueces de tribunales supremos suelen involucrar un nivel alto de discrecionalidad, ya sea en la instancia de propuesta o en la de confirmación, tal como vemos en el caso argentino, pero también en muchos otros. Al requerir objetividad para el nombramiento, la Corte parece poner en cuestión los órdenes constitucionales de muchos de los estados que reconocen su jurisdicción. Más aún, si el valor de la función judicial surge de la objetividad en su selección, el cargo de Moliné parece especialmente poco valioso, ya que su cargo surgió de un proceso espurio de ampliación de la Corte, y su nombramiento fue enteramente político. Si seguimos a la Corte IDH, entonces, el nombramiento de Moliné dista de tener la objetividad que le da valor a la función judicial.
Pero el aspecto contradictorio no aparece cuando comparamos las palabras de la Corte con las prácticas de la región. A fin de cuentas, siempre es posible que todos los países estemos violando los requisitos de la independencia judicial. La contradicción aparece cuando miramos a la propia Corte y nos preguntamos si ella misma cumple con esos estándares que, afirma, nos aseguran que los jueces sean garantes de derechos humanos y justifican la independencia judicial. La Corte Interamericana está compuesta por miembros que fueron propuestos por cada uno de los países y votados por los demás estados parte de la Convención Americana. Una vez más, es difícil encontrar la objetividad en el mecanismo de selección de un candidato particular de entre todos los abogados especialistas en derechos humanos de los estados miembro, así como en la votación en la asamblea. Si creemos que la intervención política y no objetiva en los procesos de selección y remoción de magistrados afectan su confiabilidad tal como nos dice la Corte, entonces tenemos pocas razones para confiar en la propia Corte.
Las contradicciones de parte de funcionarios relevantes son, de por sí, lo suficientemente relevantes como para ser señaladas. Sin embargo, se vuelven todavía más relevantes cuando pensamos en las justificaciones que tanto la Corte como buena parte de la literatura usa para justificar lecturas fuertísimas de la independencia judicial. Las lecturas fuertes de la independencia, que impiden cualquier tipo de rendición de cuentas sobre la premisa de que los jueces aplicarán el derecho o garantizarán derechos si se los deja a solas parecen crujir a la luz del propio fallo que la defiende. En primer lugar, porque la propia Corte IDH sanciona a Argentina en parte por la actuación de su poder judicial. En segundo, porque si la confianza en los jueces descansa sobre la objetividad en su selección, ni Moliné ni los propios jueces de la Corte son confiables, ya que fueron seleccionados mediante mecanismos que priorizaban la discrecionalidad política. En un nivel más general, podemos decir que si el tribunal regional más importante es incapaz de tener una argumentación no contradictoria no ya entre sus decisiones, sino al interior de un mismo fallo, o entre su fallo y sus propios mecanismos de selección, esto debería despertar sospechas sobre las tareas más elevadas que las lecturas fuertes de la independencia judicial les asignan a todos los tribunales. Al realizar una lectura tan fuerte de la independencia judicial mediante una decisión llena de contradicciones, entonces, la propia actuación de la Corte IDH nos ofrece razones para sospechar de la doctrina que busca promover.
También fue notable la desidia de los representantes de Argentina en la audiencia ante la Corte IDH, lo que nos permite sospechar sobre el ímpetu con que la posición del país fue defendida. ↩︎